La falta de información en la contratación, hermetismo en el manejo de la información pública y otros puntos, son los índices de corrupción en el departamento del Cesar durante los últimos años.

Esta información fue publicada y explicada por la coordinadora del Programa Transparencia en la Política de la organización Transparencia por Colombia, Sandra Ximena Martínez, en el foro ‘El Cesar frente a la corrupción’ donde además participó con fuertes pronunciamientos el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón.

Según la funcionaria, Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia.
Durante su intervención dijo que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos, así tal cual lo sustentó después Edgardo Maya Villazón: “Es tan culpable el sector público y es tan cohonestador el sector privado, para que se dé la corrupción”, advirtió el contralor general.

Costos de corrupción

Martínez abordó el panorama de la corrupción en Colombia y sostuvo que el 30 % de los habitantes del país identifican esa práctica como el mayor inconveniente que enfrenta el país.
En cifras, mostró que los costos por esta mala práctica ascienden a $9.45 billones en promedio por año. Solo en un sondeo hecho en América Latina, la menor percepción cayó en Uruguay, Chile y algunas islas del Caribe; pero las mayores apreciaciones sobre corrupción están en Nicaragua, Haití y Venezuela. Colombia ocupó el puesto 17.

Puntos en el Cesar

Denunció que en la vigencia 2013 -2014, el Cesar y su capital Valledupar tuvieron un alto índice de riesgo de corrupción. Por ejemplo, el departamento ocupó el tercer lugar después de Córdoba y Bolívar en cuanto al modelo de percepción hecho por ellos.

“El Cesar era uno de los departamentos con mayor riesgo alto de corrupción”, dijo Martínez, quien además precisó que no podía referirse al informe de la reciente vigencia porque no ha sido publicado.

Por su parte, Valledupar alcanzaba el sexto lugar entre las capitales de la región Caribe en indicios de corrupción.

El primer puesto fue ocupado por Barranquilla, luego Cartagena, Riohacha, Montería y Santa Marta, respectivamente.

“Los que ganaron en las recientes elecciones para Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar fueron quienes más gastaron”, manifestó Martínez, quien mostró los reportes hechos por Francisco Ovalle Angarita y Augusto Ramírez Uhía, al Consejo Nacional Electoral.

Sobre Ovalle Angarita develó que su gasto fue superior a los $1.173 millones, con aportes de familiares como su esposa, hermano y madre, además de sus propios recursos. También tres personas naturales donaron $100 millones, así como Luis Alberto Monsalvo Ramírez, padre del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco; Gloria Muñoz Naranjo y Julio Vigna García (que ha contratado con el departamento), le entregaron cerca de $300 millones.

En el campo de la información para darle una libre transparencia a los proceso de contratación, se refirió primero a los riesgos de corrupción para Alcaldía de Valledupar, de la que indicó inexistencia durante el periodo 2014 de lineamientos e instrumentos para regular la publicación de información en formatos reutilizables; debilidades en el Sistema de Atención al Ciudadano; no se publicó información de la oferta de programas sociales (subsidio de vivienda, salud, educación, adulto mayor); faltó información sobre el presupuesto y su ejecución del mismo; tampoco se involucró a la ciudadanía en la formulación de los instrumentos de planeación como el presupuesto, el

POT y Plan de Desarrollo.

“Entre los mayores riesgos de corrupción en el Cesar está la falta de condiciones institucionales para la disposición de la información pública; deficiencias en el sistema de atención al ciudadano; falta de políticas de integridad, antisoborno, antifraude; necesidad de contar con una instancia de ética que se encargue de realizar el seguimiento a la aplicación de este instrumento”, puntualizó la coordinadora de Transparencia por Colombia.

Y además habló de la Contraloría del Cesar, en 2014. “Encontramos hermetismo en el manejo de la información pública, la entidad no permitió el acceso a la misma de manera adecuada a través de su sistema de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias; deficiencias en el proceso contractual; ausencia de espacios de rendición de cuentas presenciales; falta de publicidad de estados financieros y presupuestales.

“No puede ser que una persona del barrio El Páramo tenga que hacer 10 clic para conseguir una información, ahí existe un problema en el objeto de la transparencia”, destacó Sandra Ximena Martínez.

Riesgo en financiación de campañas

Sandra Ximena Martínez declaró no conocer al primer candidato que llegue a un cargo público sin hacer campaña y dicho proceso, requiere de una inversión.

“El recurso privado no es con un compromiso a futuro, lo entregan como una forma de participación en la política. Es una forma de expresar intereses, pero no generar un compromiso a futuro, y quien reciba esa plata tiene claro eso porque de lo contrario quedará varado”, dijo Martínez.

Para Transparencia por Colombia los delitos electorales y la incursión de recursos ilícitos en la política pasan por un manejo poco riguroso del origen, monto y destinación de los recursos, así como también mediante la financiación se corre el riesgo de que las campañas sean cooptadas por intereses privados (legales o ilegales) para ejercer presiones indebidas sobre los candidatos y los electores.

“No puede haber ningún factor que garantice, por ejemplo, que candidatos de un partido reciban los recursos antes que candidatos de otros partidos y eso está sucediendo en la actualidad”, denunció.

Así llegó al punto sobre la reforma política, que actualmente propone el gobierno de Juan Manuel Santos en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Según Transparencia por Colombia, la corrupción debilita la democracia y la gobernabilidad, afecta la legitimidad de las instituciones y la credibilidad en la política.

“El recurso privado no es con un compromiso a futuro, lo entregan como una forma de participación en la política. Es una forma de expresar intereses, pero no generar un compromiso a futuro”: Sandra Martínez.

Por Carlos Mario Jiménez
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