Según la Constitución y las leyes, en Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado; una modalidad de este es el transporte terrestre automotor de carga, publico, que es una unidad de explotación económica permanente, sujeta a intervención y reglamentación de las autoridades competentes y a las tendencias económicas que rigen el comercio internacional y, por lo tanto, a las leyes de la oferta y la demanda las cuales fijarán los precios del servicio. Este negocio debe someterse a los dictados del mercado; como en cualquier negocio, los prestadores de este deben saber cuál es su punto de equilibrio.

Este sector es vital, conecta, en forma transversal, diversas actividades sociales y económicas y por eso su incidencia tiene un gran peso específico en una economía; representa algo más del 3.2 % en el PIB de la Nación, 1.5 veces lo que aporta el Cesar.

El reciente paro camionero se originó en las supuestas bajas tarifas de carga expresadas en $/Tm/Km que por mucho tiempo se rigieron por la tabla de fletes que luego los transportadores acomodaban a sus intereses y que ahora querían revivir. Pero, si este es un negocio como cualquier otro, ¿por qué los camioneros le hacen un paro al gobierno, buscando nuevos precios? Cuando uno incursiona en una actividad comercial debe prever cuáles serán sus costos operacionales y cuáles sus posible utilidades; lo toma o lo deja, sin pensar que habría algún subsidio.

El Estado colombiano ha invertido monumentales cifras en la chatarrización de vehículos para el transporte de carga, ayudas que no operan en la mayoría de las actividades comerciales, pero el sector no ha cumplido. ¿Habrá mafias en este negocio? Parece ser este un gremio insaciable. ¿Cómo es posible que los dineros del Estado se utilicen para costear actividades de los privados? Igual lo hace con el sistema financiero y con otras instituciones prestadoras de servicios como el eléctrico. ¿Y cómo estamos en tarifas frente a Latinoamérica y la OCDE?

Nuestra infraestructura es deficiente y esto incide en los costos entre un 10 y un 35 % según la ANIF, pero esta no es la única causa; en Colombia los mayores gastos se van en seguros, impuestos, mano de obra directa, peajes y capital de trabajo; estos gastos son mayores al 53 %; en combustibles el 30 %. La infraestructura en la OCDE solo incide en el 6 %. Pero si tomamos la información del BID, año 2014, Colombia ocupa el 12° puesto entre varios países de Sur y Centro América, con US$0.08/Tm/Km; en Perú este es de 0.47, la tarifa más costosa y 0.05 la más barata en Guatemala. Debemos resaltar aquí que nuestras distancias son enormes y muy deficiente la infraestructura vial; estos indicadores podrían concederles algo de razón a los transportistas de carga terrestre, sin perjuicio de que al interior del gremio podría darse el monopolio de unos pocos que obstruyen la economía de mercado. Aunque los paros constituyen un derecho a la protesta, creo que al gobierno nacional le faltó pedagogía y autoridad. ¿Existiría el paro? Si hubo infiltrados, ¿quién lo hizo? Políticamente, ¿a quién le convenía el paro? ¿Se confirmarían las sanciones impuestas? Amanecerá y….