¿Alguien se acuerda de la doble moral del conflicto de intereses? ¿Del concierto para exigir en coro una renuncia de un alto funcionario de la rama judicial, por parte de altos funcionarios de la rama ejecutiva que como borregos cantan a una sola voz la partitura de la renuncia porque necesitan el cargo para garantizar la aprobación futura de sus propios proyectos e intereses?

¿Alguien se acuerda si es legítimo? ¿Acaso no residimos en un país en el cual las ramas de los poderes públicos son independientes? ¿Alguien se acuerda que las andanadas de investigaciones tardías todas de hechos sucedidos hace 10 o 15 años sobre despojos de tierras en contra de Pretelt son desempolvadas ahora en forma apresurada y acelerada con el único fin de presionarlo para que renuncie?

¿Alguien se acuerda que nadie puede ser juzgado sin antes haber sido oído y vencido en juicio? Y que por el contrario, ante este gran escándalo mediático en que se ha convertido el gran novelón de la justicia, todos lo días se apunta más a acusar como en la época de la inquisición ante la horca con los verdugos de los medios radiales y televisivos y condenar de antemano como bajo el dicho ¡calumnien, calumnien! que de la calumnia algo queda.

¿Alguien se acuerda que una justicia digna no es condenar de antemano? Que por el contrario, es permitir que los juzgadores trabajen y nadie intervenga, ni se devele ante los grandes medios de comunicación la reserva del sumario.
¿Alguien se acuerda que todas las injusticias cometidas en nombre de la Fiscalía son demandadas por grandes perjuicios y pagadas por el bolsillo de todos los colombianos? ¿Alguien se acuerda de las cuantías multimillonarias que por concepto de perjuicios el Estado paga ante los miles de casos que se presentan por detenciones injustas de la Fiscalía, que primero encarcela y después investiga?

¿Alguien se acuerda que la Corte Constitucional fija los máximos criterios y la jurisprudencia del debido proceso como un derecho fundamental amparado en la tutela para evitar perjuicios irremediables? Pero con los anteriores hechos al magistrado Pretelt los integrantes de este máximo tribunal le han sentenciado sin haber sido vencido en juicio al presionarlo a que renuncie y colocándolo contra la pared ante la misma Corte y ante la gran prensa.

¿Alguien se acuerda que el senador Horacio Serpa -quien negó la licencia de dos meses de Pretelt en el Congreso para presionar su renuncia- fue el defensor de Ernesto Samper ante el mismo Congreso como ministro negando la posibilidad de que su presidente renunciara a pesar de haber recibido en la campaña política más de $5.000 millones del cartel de Cali?

Nadie se acuerda que Serpa sentenció por el contrario a la hora de ahora: ¡Qué renuncie! Mamola Doctor Serpa: ¿Por qué ahora si exige que los altos funcionarios deben renunciar?
¿Alguien se acuerda que en el caso de la tutela de Fidupetrol no se lesionó los intereses de ninguna entidad estatal, no se escogió por parte de Pretel, no se falló a favor en la alta Corte Constitucional, no preexistió ninguna ponencia favorable, ni menos aún, fue votada afirmativamente por ningún magistrado? ¿Alguien se acuerda que el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco no acusó a Pretelt de exigirle $500 millones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara?

¿Alguien se acuerda que la totalidad de los magistrados recibieron visitas en sus despachos del abogado Pacheco y aceptaron invitación de este para compartir paseo en planchón por el río Magdalena?
¿Alguien se acuerda que la sanción de la renuncia presionada no existe en Colombia en Constitución alguna, como tampoco en ningún código, norma o régimen disciplinario?
¿No será más bien un delito, una extorsión desmedida exigir públicamente ante los medios de comunicación la renuncia de algún funcionario?