Hace tiempo las contralorías (departamentales y municipales) vienen en decadencia. La Auditoría General de la Nación las ha rajado año tras año porque no obtienen la certificación de su gestión y resultados en la evaluación realizada por este ente cada año. La debilidad de las contralorías se centra en la baja gestión e inefectividad en […]
Hace tiempo las contralorías (departamentales y municipales) vienen en decadencia. La Auditoría General de la Nación las ha rajado año tras año porque no obtienen la certificación de su gestión y resultados en la evaluación realizada por este ente cada año.
La debilidad de las contralorías se centra en la baja gestión e inefectividad en los Procesos de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva, en el cual de manera histórica se presentan caducidades y prescripciones, no se decretan medidas cautelares, las decisiones de los procesos son bajos con relación al total de los procesos activos, lo que se traduce en que el resarcimiento de los detrimentos causados al Erario son mínimos. Además, respecto al proceso de auditorías, se presentan bajas coberturas de vigilancia respecto de sus sujetos vigilados tanto en número de entidades como en el valor del presupuesto auditado, no cuentan con mapas de riesgos de las entidades vigiladas, no trasladan a tiempo los hallazgos configurados. Estos conceptos reposan en varias conclusiones de las evaluaciones que les hace la Auditoría General. Por algo será.
Por eso no sorprende que el presidente Juan Manuel Santos haya escuchado la solicitud del contralor general, Edgardo Maya, para que haga una reforma constitucional que permita transformar el sistema fiscal de Colombia, que lo primero que hará será suprimir las contralorías territoriales y establecer una sola Contraloría General de la República, que asuma exclusivamente la función auditora en todo el país.
Hace tiempo se viene hablando que las contralorías territoriales son aparatos costosos e ineficaces, que nunca han justificado su existencia con buenos resultados, por el contrario han contribuido a la corrupción e indiferencia frente a lo público debido a que en sus anaqueles duermen los procesos fiscales. Ningún funcionario le teme a las contralorías, saben que es fácil burlarlas.
Colombia tiene una Contraloría General de la República, cuyas funciones están determinadas en el Artículo 268 de la Constitución, y tiene a su vez 32 contralorías departamentales que tienen las mismas funciones y facultades, y existe otro número parecido en los municipios. Tres contralorías haciendo lo mismo y de resultados poco.
El caso más palpable es en el Cesar, donde existe una paquidérmica, casi que invisible Contraloría Departamental del Cesar, que parece una dependencia más de la Gobernación del Cesar, la cual ha pasado sin pena ni gloria. Ni qué decir de la Contraloría Municipal de Valledupar que por culpa de la lucha de poderes para poner un contralor amigo de la administración, hoy no tiene un contralor en propiedad.
En total, el Estado invierte en las 63 contralorías territoriales existentes más de 250 mil millones de pesos anuales, que si se comparan con el resultado que obtienen en materia de recuperación de los dineros públicos catalogados como detrimento patrimonial (apenas 1.500 millones de pesos), no compensan tanto esfuerzo. Para esa gracia, muchas gracias.
La propuesta de eliminar las contralorías la viene promoviendo el contralor Edgardo Maya, quien propone la creación de un Tribunal de Cuentas desconcentrado, que se ocuparía de los procesos de responsabilidad fiscal.
Este sería un proyecto que presentaría el Gobierno Nacional al Congreso de la República, donde se espera no tenga tantos reparos y no se le note tanto a los congresistas el dolor por eliminar sus fortines políticos, porque finalmente en eso se convirtieron las contralorías territoriales.
Hace tiempo las contralorías (departamentales y municipales) vienen en decadencia. La Auditoría General de la Nación las ha rajado año tras año porque no obtienen la certificación de su gestión y resultados en la evaluación realizada por este ente cada año. La debilidad de las contralorías se centra en la baja gestión e inefectividad en […]
Hace tiempo las contralorías (departamentales y municipales) vienen en decadencia. La Auditoría General de la Nación las ha rajado año tras año porque no obtienen la certificación de su gestión y resultados en la evaluación realizada por este ente cada año.
La debilidad de las contralorías se centra en la baja gestión e inefectividad en los Procesos de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva, en el cual de manera histórica se presentan caducidades y prescripciones, no se decretan medidas cautelares, las decisiones de los procesos son bajos con relación al total de los procesos activos, lo que se traduce en que el resarcimiento de los detrimentos causados al Erario son mínimos. Además, respecto al proceso de auditorías, se presentan bajas coberturas de vigilancia respecto de sus sujetos vigilados tanto en número de entidades como en el valor del presupuesto auditado, no cuentan con mapas de riesgos de las entidades vigiladas, no trasladan a tiempo los hallazgos configurados. Estos conceptos reposan en varias conclusiones de las evaluaciones que les hace la Auditoría General. Por algo será.
Por eso no sorprende que el presidente Juan Manuel Santos haya escuchado la solicitud del contralor general, Edgardo Maya, para que haga una reforma constitucional que permita transformar el sistema fiscal de Colombia, que lo primero que hará será suprimir las contralorías territoriales y establecer una sola Contraloría General de la República, que asuma exclusivamente la función auditora en todo el país.
Hace tiempo se viene hablando que las contralorías territoriales son aparatos costosos e ineficaces, que nunca han justificado su existencia con buenos resultados, por el contrario han contribuido a la corrupción e indiferencia frente a lo público debido a que en sus anaqueles duermen los procesos fiscales. Ningún funcionario le teme a las contralorías, saben que es fácil burlarlas.
Colombia tiene una Contraloría General de la República, cuyas funciones están determinadas en el Artículo 268 de la Constitución, y tiene a su vez 32 contralorías departamentales que tienen las mismas funciones y facultades, y existe otro número parecido en los municipios. Tres contralorías haciendo lo mismo y de resultados poco.
El caso más palpable es en el Cesar, donde existe una paquidérmica, casi que invisible Contraloría Departamental del Cesar, que parece una dependencia más de la Gobernación del Cesar, la cual ha pasado sin pena ni gloria. Ni qué decir de la Contraloría Municipal de Valledupar que por culpa de la lucha de poderes para poner un contralor amigo de la administración, hoy no tiene un contralor en propiedad.
En total, el Estado invierte en las 63 contralorías territoriales existentes más de 250 mil millones de pesos anuales, que si se comparan con el resultado que obtienen en materia de recuperación de los dineros públicos catalogados como detrimento patrimonial (apenas 1.500 millones de pesos), no compensan tanto esfuerzo. Para esa gracia, muchas gracias.
La propuesta de eliminar las contralorías la viene promoviendo el contralor Edgardo Maya, quien propone la creación de un Tribunal de Cuentas desconcentrado, que se ocuparía de los procesos de responsabilidad fiscal.
Este sería un proyecto que presentaría el Gobierno Nacional al Congreso de la República, donde se espera no tenga tantos reparos y no se le note tanto a los congresistas el dolor por eliminar sus fortines políticos, porque finalmente en eso se convirtieron las contralorías territoriales.