Ya se divulga en redes y medios de comunicación el gran evento de rendir cuentas en las administraciones departamental y municipal. La exigencia legal de la Ley 951 de 2005 es generar espacios de comunicación, donde el mandatario informe a la comunidad en general cómo va el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo.

Pero es lamentablemente, estos espacios se han convertido en espectáculos circenses, en donde el mandatario comunica inversión de cuantiosas sumas de dinero, pero jamás mencionan cómo va la ejecución del Plan de Desarrollo, en cuánto ha contribuido esa inversión a disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad.

Por esa razón, son inocuos dichos planes de desarrollo y la sociedad civil no exige cumplimiento del marco legal de la rendición de cuentas. Se han preguntado ¿cuánto recurso público se ha invertido en la última década?, ¿en cuánto ha contribuido para disminuir las NBI? Atérrese, las necesidades básicas insatisfechas han aumentado, porque ha sido ineficiente la inversión pública realizada; porque dicha inversión no se alinea para que las necesidades apremiantes de la comunidad disminuya; porque los planes de desarrollo no responden a dichas prioridades; porque la corrupción campea en la forma de contratación estatal y los órganos de control son convidados de piedra, están ni Shakira sordos, ciegos y mudos.

Para la muestra un botón, en los 500 días el Gobierno Municipal ha celebrado 1.466 contratos por cuantía de 127.769 millones de pesos de acuerdo con registro del portal de contratación estatal Secop. Lo sorprendente es que el 90 % de esos contratos fueron dados a dedo, en la llamada contratación directa que la define el Manual de Contratación Estatal cómo la excepción, porque la regla es contratar mediante convocatorias públicas.

La contratación directa define la ley casos muy específicos para aplicarla: urgencia manifiesta, contratación de créditos, contratos entre entidades del Estado, créditos para la defensa nacional, contratación de artistas y contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades intelectuales diferentes a la consultoría y a las actividades operativas, logísticas y asistenciales.

Es aterrador que de los 1.466 contratos, 1.326 fueron dados a dedo, sin necesidad de contar con varias ofertas. De estos 1.326 contratos directos 78, que ascendieron a la suma de $36.442 millones, fueron convenios de cooperación con entidades del Estado y ONG. Lo inexplicable es que 1.248 contratos por $45.000 millones de pesos fueron prestación de servicios. En que contribuyen estos contratos a disminuir las necesidades básicas insatisfechas, en nada. Contribuyen si en llenar los estómagos de los asoleados en campaña pagando sus favores políticos.

Solamente 140 contratos de los 1.466, se realizaron por convocatoria pública en cuantía de $46.296 millones. Estos son los contratos que conducen a disminuir las Necesidades Básicas Insatisfechas.

A diferencia de esta aterradora forma de administrar el municipio, en la Gobernación del Cesar se morigera la situación. Se celebraron en los 500 días, 526 contratos estatales por valor de $285.294 millones, de los cuales el 74 % de los 526 contratos, es decir, 388 contratos por $74.368 millones fueron por contratación directa, la coloquialmente llamada contratación a dedo. De estos 388 contratos directos, 74 de ellos, por valor de $32.574 millones, fueron convenios y 314 contratos fueron prestación de servicios por $45.975 millones.

De los $285.294 millones contratados, que representan los 526 procesos en estos 500 días, 138 contratos por $210.926 millones de pesos, fueron realizados por convocatoria pública, lejos de lo acontecido en el municipio.

En conclusión acudiremos al informe de los 500 días de nuestros gobernantes a un evento retórico, falto de rigor estadístico y de información clara y veraz sobre la ejecución con las metas cumplidas del plan de desarrollo. Avanzar…imposible con esta forma de actuar.

Por Gabriel Hernando Campillo Solano

*Especialista en Gestión de la Hacienda Pública.