Pasadas las 6:00 de la mañana de ayer, más de 100 vendedores ambulantes bloquearon la carrera séptima con calle 16a, pleno centro de la ciudad. Según dicen, la Alcaldía de Valledupar tiene programado desalojar sus puestos de trabajos sin haber construido el lugar donde serán reubicados.

La Asociación de vendedores móviles y estacionarios de Valledupar (Asoveme), a la cual están vinculadas cerca de 500 personas, lideró la concentración de los comerciantes que exigían respuestas. “La promesa del alcalde era que iban a construir un centro comercial en un lote público, pero ya llevan tres estudios hechos y nada. La plata se la roban de una forma increíble y la solución no llega”, manifestó Manuel Ríos, representante legal de Asoveme.

El líder gremial se refiere a los diseños que se realizaron para construir el nuevo mercado público que sería financiado con los recursos que la Gobernación del Cesar obtuviera por medio de un empréstito (préstamo que un particular concede al Estado). Desde el Gobierno se afirmaba que esos recursos ya estaban: “Este es un proyecto que no se va a quedar en el papel porque ya están los recursos asegurados por cerca de 56 mil millones de pesos” afirmó el pasado mes de noviembre el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Morón. Sin embargo, por medio de una petición, los vendedores conocieron que no había dinero para la construcción.

Como es de amplio conocimiento, en el lote donde se planeaba desarrollar el nuevo mercado, ubicado en la carrera 7 con calle 20b, solo hay bases de varillas metálicas cubiertas de monte y basura. Por eso los vendedores ambulantes se sienten engañados.

“La obra donde nos van a mudar es un elefante blanco”, comentó Luis Barbosa, secretario de Asoveme. Ante la imposibilidad de financiación de la reinstalación del mercado, en la Alcaldía está revisando estrategias como la de construir pisos, techos y unidades sanitarias en el terreno para reacomodar a los vendedores.

Según una encuesta realizada en 2016 por la Cámara de Comercio, en Valledupar 2.200 personas devengan sus ingresos del trabajo informal. Por su lado, el DANE ubica a la capital del Cesar como la cuarta con mayor desocupación en el país.

La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-211/17 indicó que las administraciones que realicen desalojos “tienen el deber de diseñar e implementar políticas públicas tendientes a contrarrestar los efectos nocivos de la recuperación del espacio público”.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno Municipal, Gonzalo Arzuza, asegura que “es mentira que ya se empezó a expulsar a los comerciantes informales”, los líderes gremiales señalan que en algunos barrios los desalojos ya iniciaron.

“Poco a poco van debilitando el gremio sin que se dé la reubicación digna como lo ordena la Corte Constitucional”, concluyó Luis Chinchilla.

Aunque el bloqueo de la calle concluyó faltando media hora para las 9 de la mañana cuando los protestantes se esparcieron habilitándola movilidad, señalaron que continuarán manifestándose para evitar que los desalojen de sus espacios de trabajo. “No pueden movernos sin antes darnos una reubicación”, comentó Eusebio Guerrero, comerciante ambulante.