La construcción del Anillo Vial Circunvalar de Occidente, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de Valledupar, se encuentra hoy en el ojo del huracán. Un grupo de propietarios de predios urbanos y rurales ha alzado su voz de protesta, denunciando lo que califican como una “expropiación ilegal acelerada” por parte de las autoridades locales.
En una carta abierta emitida en febrero de 2026, los ciudadanos firmantes —entre ellos Pedro Norberto Castro, Valentina Lacouture, María Cecilia Cuello y Moisés Gil— manifiestan que, aunque actuaron de buena fe al permitir el uso de sus tierras para el trazado de la vía, las instituciones han incumplido los plazos legales para la adquisición formal de los inmuebles.
Promesas incumplidas y seguridad en vilo
Según el documento, los propietarios autorizaron el uso de porciones de sus predios bajo el compromiso de que el proceso de enajenación voluntaria iniciaría en un plazo máximo de 30 días tras la firma de los acuerdos. Sin embargo, denuncian que dicho plazo se encuentra “ampliamente vencido”.
“La obra avanza casi en su totalidad sin formalización jurídica alguna”, reza la misiva, señalando que la ocupación material de los terrenos sin garantías legales constituye un atropello al derecho constitucional de propiedad privada.
De acuerdo con la denuncia presentada por los propietarios, además de la incertidumbre jurídica, se reportan daños colaterales graves.
Durante la ejecución del proyecto se desmontaron cercas y cerramientos, lo cual ha provocado inseguridad e invasiones en los terrenos vulnerables. Asimismo, los afectados denuncian pérdidas económicas y afectaciones directas a sus patrimonios sin recibir respuestas efectivas por parte de las entidades responsables.
“No nos oponemos al desarrollo”
Los denunciantes aclaran que no buscan frenar el progreso de Valledupar ni se oponen a la infraestructura pública; por el contrario, afirman haber sido aliados del proyecto desde su inicio en 2023. No obstante, sostienen que el Estado no puede enriquecerse a costa del capital privado desconociendo las garantías legales.
El llamado a las autoridades
La carta exige tres puntos fundamentales a la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía de Valledupar: Inicio inmediato del proceso formal de adquisición predial; restablecimiento de los cerramientos afectados para garantizar la seguridad de los predios; y garantías reales que detengan cualquier práctica de expropiación de hecho.
De no recibir una respuesta pronta, los propietarios advirtieron que acudirán a acciones constitucionales y legales para defender sus derechos. Hasta el momento, las administraciones departamental y municipal no se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias.
