Entre el 20 y el 24 de octubre, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó una serie de encuentros con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe para socializar, por primera vez, la sentencia del Caso 03 —Subcaso Costa Caribe—, que sanciona a 12 exmilitares del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ por asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre 2002 y 2005.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante judicial de las víctimas, resaltó la importancia de la notificación como un acto de reconocimiento a las víctimas y a los pueblos indígenas afectados. Una vez notificados de la decisión, una de las víctimas acreditadas señaló que, aunque siguen esperando la identificación y entrega del cuerpo de su ser querido que aún no ha sido hallado, la sentencia representa un punto de partida para la garantía de sus derechos y la restauración del daño causado.
Notificación a víctimas acreditadas wiwas y kankuamas
La magistrada ponente de la decisión, Ana Manuela Ochoa, explicó que esta jornada tuvo como fin “notificar con pertinencia étnica y cultural” a los pueblos afectados, entre ellos los indígenas Wiwa y Kankuamo, y los consejos comunitarios afrodescendientes Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.
“Hemos estado durante toda la semana en los territorios, en el Consejo Comunitario Inde, en Padilla y hoy cerramos con el pueblo Kankuamo”, señaló la magistrada Ochoa. “La notificación con pertinencia étnica está consagrada en el reglamento de la JEP y lo que busca es que las autoridades y las víctimas de pueblos étnicos comprendan de forma adecuada las decisiones judiciales”.
Según la magistrada, este proceso forma parte de un diálogo interjurisdiccional que reconoce el rol de las autoridades propias. “Ningún otro tribunal ha implementado un ejercicio de esta naturaleza; buscamos un acercamiento transparente, respetando los sistemas de justicia indígena y afrodescendiente”, afirmó.
Sentencia con enfoque de justicia restaurativa
La sentencia establece sanciones propias de entre cinco y ocho años a los exmilitares responsables de 135 asesinatos y desapariciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate, varios de ellos acompañados de torturas y persecuciones. Ochoa recordó que “estas sanciones no representan impunidad; son el resultado de un régimen de justicia transicional que exige verdad, reparación y compromisos efectivos de no repetición”.
La decisión incorpora un enfoque étnico-racial para reconocer los daños diferenciados y desproporcionados causados a comunidades víctimas de histórica discriminación. “Se reconocen las afectaciones culturales, espirituales y comunitarias sufridas por pueblos como el Kankuamo y el Wiwa, cuyos territorios fueron profanados por la violencia”, indicó la magistrada.
Un punto de partida hacia la reparación
Ochoa enfatizó que la sentencia “no es un cierre, sino un punto de partida para la materialización de las órdenes”. Entre las medidas adoptadas se incluyen la construcción de un mausoleo de la memoria en Valledupar, la creación de centros de armonización y memoria en territorios étnicos y programas de sanación colectiva. La JEP ha insistido en llamar al gobierno para que gire los fondos que permitan empezar con estos proyectos restaurativos; sin embargo, aún no se tiene una respuesta clara.
La Misión de Verificación de la ONU, componente internacional independiente e imparcial, acompaña las notificaciones. Al cierre de la diligencia, destacaron que este “es un momento histórico” que permite conocer “la primera sentencia restaurativa que se da en este territorio”.
“Somos la representación internacional que acompaña el acuerdo. La sentencia no es el final, es el comienzo de una nueva fase, muy importante, que estábamos esperando hace muchísimo tiempo. Vamos a verificar que los sancionados cumplan la sentencia y que el Estado garantice las condiciones para su cumplimiento, para que esto no se quede en una notificación”, afirmó Susana Gouveia, jefa encargada del área de Verificación de Sanciones Propias de la Misión.
Por Redacción EL PILÓN
