La Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y el Departamento para Prosperidad Social, tienen los días contados para reubicar a los invasores del noroccidente de esta ciudad.
Fracasó la audiencia de seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, que ordena el desalojo de 6.916 familias que habitan las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte.
La diligencia de ayer fue aplazada para el próximo 3 de mayo, porque el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, no asistió al requerimiento directo que le hizo el juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Germán Daza,quien adelanta un incidente de desacato contra el mandatario departamental, el alcalde de Valledupar y los directivos del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, por el incumplimiento del fallo de la Corte.
“Cada día, en este trámite de seguimiento,está en contra de todos; sobre todo de los derechos fundamentales que han sido garantizados, a través de un fallo de tutela del 16 de diciembre de 2011”, explicó el togado.
La audiencia de seguimiento al cumplimiento del fallo tiene como finalidad,acordar la construcción de los albergues donde serán re ubicados los invasores de los predios del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicados en el noroccidente de Valledupar.
Aunque al despacho judicial asistieron el Alcalde de Valledupar, el Defensor del Pueblo seccional Cesar, la Directora seccional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y César Cerchario De la Rosa, como gobernador encargado, era indispensable la presencia de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, que se excusó por sus compromisos como presidente de la Federación Nacional de Gobernadores.
“De no cumplir con lo ordenado por la Corte, se verían avocados a una sanción por desacato, multa o arresto. Además, no quedarían exonerados del cumplimiento, porque precisamente esta audiencia lo que busca es garantizar el cumplimiento del fallo de tutela, toda vez que está de por medio un derecho fundamental”, precisó el juez.
El alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, aclaró que ya cumplió con la obligación que le compete en la reubicación de las familias invasoras, con una disponibilidad presupuestal de dos mil millones de pesos, destinados a la construcción del albergue.
“Son recursos que estaban para el programa de mejoramiento de barrios y lo asignamos para cubrir los albergues, entonces hemos hecho la tarea; falta la adquisición del lote por parte de la Gobernación y que el DPS aporte los recursos para la construcción de los albergues”, dijo el burgomaestre a su salida de la audiencia realizada en el quinto piso del Palacio de Justicia.
Por su parte, César Cerchario De la Rosa, en su calidad de gobernador encargado, dijo que para la adquisición de los terrenos ha habido problemas de avalúo.
PUNTOS DE VISTA
Agustín Flórez Cuello, Defensor del Pueblo en el Cesar. “La Defensoría se une a las voces que han pedido se aplace esta audiencia, para que estén presentes los actores comprometidos en dicha decisión”.
Yolanda Martínez, directora regional del DPS en el Cesar. “Solicito que para la próxima audiencia sea citada Paula Gaviria, Directora Nacional de la UnidadAtención y Reparación Integral a las Víctimas”.
La Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y el Departamento para Prosperidad Social, tienen los días contados para reubicar a los invasores del noroccidente de esta ciudad.
Fracasó la audiencia de seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, que ordena el desalojo de 6.916 familias que habitan las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte.
La diligencia de ayer fue aplazada para el próximo 3 de mayo, porque el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, no asistió al requerimiento directo que le hizo el juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Germán Daza,quien adelanta un incidente de desacato contra el mandatario departamental, el alcalde de Valledupar y los directivos del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, por el incumplimiento del fallo de la Corte.
“Cada día, en este trámite de seguimiento,está en contra de todos; sobre todo de los derechos fundamentales que han sido garantizados, a través de un fallo de tutela del 16 de diciembre de 2011”, explicó el togado.
La audiencia de seguimiento al cumplimiento del fallo tiene como finalidad,acordar la construcción de los albergues donde serán re ubicados los invasores de los predios del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicados en el noroccidente de Valledupar.
Aunque al despacho judicial asistieron el Alcalde de Valledupar, el Defensor del Pueblo seccional Cesar, la Directora seccional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y César Cerchario De la Rosa, como gobernador encargado, era indispensable la presencia de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, que se excusó por sus compromisos como presidente de la Federación Nacional de Gobernadores.
“De no cumplir con lo ordenado por la Corte, se verían avocados a una sanción por desacato, multa o arresto. Además, no quedarían exonerados del cumplimiento, porque precisamente esta audiencia lo que busca es garantizar el cumplimiento del fallo de tutela, toda vez que está de por medio un derecho fundamental”, precisó el juez.
El alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, aclaró que ya cumplió con la obligación que le compete en la reubicación de las familias invasoras, con una disponibilidad presupuestal de dos mil millones de pesos, destinados a la construcción del albergue.
“Son recursos que estaban para el programa de mejoramiento de barrios y lo asignamos para cubrir los albergues, entonces hemos hecho la tarea; falta la adquisición del lote por parte de la Gobernación y que el DPS aporte los recursos para la construcción de los albergues”, dijo el burgomaestre a su salida de la audiencia realizada en el quinto piso del Palacio de Justicia.
Por su parte, César Cerchario De la Rosa, en su calidad de gobernador encargado, dijo que para la adquisición de los terrenos ha habido problemas de avalúo.
PUNTOS DE VISTA
Agustín Flórez Cuello, Defensor del Pueblo en el Cesar. “La Defensoría se une a las voces que han pedido se aplace esta audiencia, para que estén presentes los actores comprometidos en dicha decisión”.
Yolanda Martínez, directora regional del DPS en el Cesar. “Solicito que para la próxima audiencia sea citada Paula Gaviria, Directora Nacional de la UnidadAtención y Reparación Integral a las Víctimas”.