A cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar quedó el sonado caso conocido como el ‘Cartel del Comparendo’ de la Secretaría de Tránsito Municipal, con el fin de resolver si el juez que tiene el proceso es competente para actuar. 

Así quedó establecido luego que el abogado defensor, William García de Luque, en la audiencia de la tarde del jueves presentara una recusación en contra de la jueza quinta penal del circuito con función de conocimiento para que se apartara del pleito. 

El jurista alegó que la togada cuando fungió como juez de control de garantías conoció los pormenores del proceso penal, por lo que ahora estaba aparentemente impedida para atenderlo con ‘transparencia’ en la etapa de juzgamiento. 

Los procesados en este caso son Letzzy Carolina González Oñate, la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza, Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacyr Alberto Montenegro González y Margarita Rosa Cartagena Guerra, así como también los tramitadores William José Redondo Mindiola y Tatiana Isabel Cuello Castilla.

Según la investigación, ellos se concertaron para exigir sumas de dinero a cambio de archivar comparendos, agilizar trámites o evadir las órdenes de inmovilización de vehículos en la Secretaría de Tránsito Municipal. 

En total la Fiscalía estima que Valledupar en los últimos tres años habría dejado de recibir unos 3.000 millones de pesos por más de 2.500 comparendos que no se materializaron o multas por infracciones de tránsitos, los cuales más de mil eran por alcoholemia, una de las sanciones más costosas que impone el Estado.

Otras irregularidades que presuntamente cometían era sacar los carros sin permiso del parqueadero oficial, realizar pignoración y expedición de tarjetas de propiedad sin generar los recibos de retención de fuente, y no registrar la información de los comparendos al sistema de información. 

Por eso, los implicados fueron imputados por distintos delitos cada uno tales como concierto para delinquir, concusión, cohecho impropio, prevaricato por omisión y falsedad material en documento público.

No obstante, ahora estos hechos podrían ser analizados por otro despacho judicial si resulta de manera favorable la recusación que hizo el defensor. Además, también podrían quedar en entredicho si prospera un recurso de nulidad que el mismo abogado interpuso en una audiencia desarrollada a mediados del pasado mes de marzo. 

Este se basó en que una de las funcionarias del CTI de la Fiscalía, quien hizo parte de la investigación preliminar, tenía una enemistad con la procesada, Letzzy Carolina González Oñate, viciando así el debido proceso. Así las cosas, el abogado William García quiere que se anule todo lo actuado para empezar casi desde cero el pleito. 

No obstante, ahora las partes tendrán que esperar que el tribunal desate la recusación para continuar con la petición de nulidad y que esta sea resuelta con el juez que designen.