En estos días estaba organizando mis notas para escribir una columna que pensaba titular “Del billete a la llave”. Quería contar cómo Colombia, finalmente, parecía dar un salto decisivo hacia la digitalización financiera. El nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, conocido como Bre-B, prometía transformar la forma en que movemos el dinero: sin fricciones, sin demoras, sin efectivo. Un paso hacia el futuro. Pero el entusiasmo duró poco.
Apenas dos semanas después del lanzamiento, el Gobierno Petro presentó un proyecto de decreto que impone un nuevo impuesto del 1,5 % sobre los pagos digitales realizados a través de Bre-B, Nequi, Daviplata, dale! y otras plataformas electrónicas. Lo que parecía el inicio de una revolución en los medios de pago se convirtió, de golpe, en un nuevo obstáculo para su masificación.
Por eso me puse en la tarea de revisar qué opinaban los expertos en distintos medios y encontré tres voces que pueden dar luces sobre lo que esta medida significa. La primera de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, fue tajante: “Gravar las transacciones digitales con una retención del 15 por mil va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía. Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios”. Y tiene razón. En un momento en que Colombia debería estar ampliando el acceso a la economía digital, el Gobierno introduce una barrera que castiga precisamente a quienes han apostado por la innovación.
En ese sentido, el abogado Julián Jiménez, socio de Esguerra JHR, reconoce que la intención del decreto es equiparar el tratamiento fiscal entre pagos con tarjetas y con billeteras digitales. Sin embargo, advierte que “al convertir a las pasarelas de pago y a las billeteras digitales en retenedores, se encarece la operación y se desincentiva el uso de los medios electrónicos. Es, en la práctica, un retroceso hacia el efectivo”. La medida, más que nivelar el terreno, crea un obstáculo para los comercios pequeños y los usuarios que encontraron en lo digital una opción más ágil y segura.
Por su parte, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, lamenta que el decreto “trunque los esfuerzos del Estado y de los privados que trabajaron durante años para habilitar un sistema con rieles que incluye a cientos de entidades en los pagos digitales”. El sector Fintech ha sido uno de los motores de la modernización financiera en Colombia, y gravar sus operaciones es, como dirían algunos, matar la innovación en la cuna.
Más allá de la discusión técnica, el nuevo impuesto lanza un mensaje equivocado: que la modernización financiera es un lujo y no una necesidad. En lugar de incentivar la adopción de medios digitales que reducen la evasión, mejoran la trazabilidad y promueven la bancarización, el Gobierno opta por ponerle un precio al progreso. Colombia tiene la oportunidad de consolidar un ecosistema digital robusto, competitivo y accesible. Pero para lograrlo, necesita políticas que fomenten la confianza y la eficiencia, no que castiguen la innovación, ¿Será consciente el Gobierno de que gravar la innovación es frenar el desarrollo?
Alfredo Jones Sánchez – @alfredojonessan
