En estos días estaba organizando mis notas para escribir una columna que pensaba titular “Del billete a la llave”. Quería contar cómo Colombia, finalmente, parecía dar un salto decisivo hacia la digitalización financiera. El nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, conocido como Bre-B, prometía transformar la forma en que movemos el dinero: sin fricciones, sin demoras, sin efectivo. Un paso hacia el futuro. Pero el entusiasmo duró poco.
Apenas dos semanas después del lanzamiento, el Gobierno Petro presentó un proyecto de decreto que impone un nuevo impuesto del 1,5 % sobre los pagos digitales realizados a través de Bre-B, Nequi, Daviplata, dale! y otras plataformas electrónicas. Lo que parecía el inicio de una revolución en los medios de pago se convirtió, de golpe, en un nuevo obstáculo para su masificación.
Por eso me puse en la tarea de revisar qué opinaban los expertos en distintos medios y encontré tres voces que pueden dar luces sobre lo que esta medida significa. La primera de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, fue tajante: “Gravar las transacciones digitales con una retención del 15 por mil va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía. Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios”. Y tiene razón. En un momento en que Colombia debería estar ampliando el acceso a la economía digital, el Gobierno introduce una barrera que castiga precisamente a quienes han apostado por la innovación.
