Este martes 23 de julio, los taxistas de la ciudad de Valledupar se sumarán al paro nacional convocado por representantes de este gremio de 25 ciudades del país. La jornada está enmarcada bajo un pliego de peticiones en el que conductores, propietarios y empresas, exigen al Gobierno Nacional y gobiernos locales cumplir con acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo de la ‘mancha amarilla’.

En ese sentido, el gremio a nivel nacional exige la aplicación contundente y “sin ninguna clase de excusas” de la Ley 336 de 1996, artículo 49 literal, el cual contempla las sanciones y procedimientos que se le deben realizar a empresas de transporte o particulares que presten el servicio público de taxis, sin estar habilitados. 

Según el taxista Carlos Rodríguez, el gremio de Valledupar confirmó su participación en el paro y publicará un pliego de peticiones a nivel local debido a que el transporte informal e ilegal como el mototaxismo y de plataformas digitales como InDriver, está perjudicando a los taxistas legalmente constituidos que deben pagar impuestos y regirse a una tarifa que “cada día es más difícil de cumplir”. 

“La competencia desleal por parte de mototaxistas y particulares que utilizan aplicaciones digitales, está acabando cada día más con el gremio. A pesar de los múltiples llamados que le hemos hecho a la administración municipal para frenar el transporte público ilegal, este sigue creciendo y las autoridades de tránsito no hacen nada al respecto”, manifestó Rodríguez. 

LA TECNOLOGÍA 

De acuerdo con un vocero del gremio de taxistas de Valledupar, las plataformas digitales se han convertido “en enemigas sin pena ni ley” que está disminuyendo el número de usuarios que tenían empresas de taxis legalmente constituidas. 

“Con esas aplicaciones el usuario ofrece la tarifa que quiere y el particular la acepta. Es por eso que cada día son más las personas que dejan de utilizar el servicio de taxis porque no quieren pagar la tarifa que está fijada. Es difícil competir tanto con el mototaxismo como con esas aplicaciones digitales, hace falta el control por parte de la administración municipal y de la Secretaría de Tránsito”, comentó el agremiado.  

Al respecto, el secretario de Tránsito de Valledupar, Alberto Daza Sagbini, aseveró que ni el Ministerio de Transporte ni el Congreso de la República han establecido una regulación específica para las plataformas digitales que presten el servicio de transporte.

EL COMBUSTIBLE 

A través del pliego de peticiones los taxistas le solicitan al Gobierno Nacional que se establezca una nueva fórmula de precios para la gasolina, teniendo en cuenta un valor diferencial para el Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros, el cual debe quedar establecido “en las negociaciones del paro”.

De igual manera piden que se les brinde información clara en materia de transición energética y energías limpias. Acotando así la necesidad de que se instaure una mesa técnica donde se tenga en cuenta la posición del sector transporte, “su realidad, sostenibilidad y que no se tomen decisiones gubernamentales a la ligera en el direccionamiento de los recursos según el Plan Nacional de desarrollo Ley 2294 art. 253”. 

EL MOTOTAXISMO 

En relación al mototaxismo, el gremio a nivel nacional exige que se retire el Acuerdo 0010 de 2023 propuesto por el Sena, el cual se refiere a “la competencia laboral para la actividad mal denominada mototaxistas”. De acuerdo con los 25 representantes del gremio a nivel nacional, actualmente la ley y sentencias de la Corte Constitucional reafirman que la prestación del servicio público en motocicletas está prohibido y viola el principio de la confianza.

En ese sentido, la Secretaría de Tránsito Municipal informó que Valledupar ha sido seleccionada por el Ministerio de Transporte para un estudio sobre el transporte informal del mototaxismo. Lo anterior con el propósito de tomar decisiones a nivel nacional para enfrentar este fenómeno que se ha extendido a todos los rincones del país. 

VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL

Otro de los llamados de atención de la mancha amarilla es el modelo de contratación de camionetas y automóviles de servicio especial. En ese sentido, solicitan la realización de una mesa técnica para definir los modelos de contratación debido a que presuntamente dichos vehículos estarían suplantando el servicio público individual de pasajeros.

“Exigimos la implementación de forma inmediata del FUEC electrónico en línea debidamente habilitado desde la plataforma del RUNT  para así controlar a las empresas de Transporte Público Especial en su diligenciamiento y expedición, y que se logre ejercer la regulación y vigilancia por parte de las autoridades competentes según lo establecido en el Decreto 1079 de 2015”, señala el pliego. 

Por Namieh Baute Barrios

@namiibb