Las alertas sobre demoras en la prestación del Programa de Alimentación Escolar fueron emitidas por la Procuraduría y la Contraloría.
A la falta del PAE, también se suma el Programa de Transporte Escolar y el nombramiento de aseadoras y celadores en los colegios oficiales del Cesar.
Teniendo en cuenta que faltan 15 días para el regreso a clases sin límite de aforo en las instituciones educativas oficiales de Valledupar, EL PILÓN consultó con las secretarías encargadas sobre el estado del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
El valor total del PAE supera los veinticuatro mil ochocientos millones de pesos y el proyecto de servicio de transporte escolar supera $8.186 millones.
La autorización se dio antes de finalizar el año 2021, con el fin de que los niños, niñas y jóvenes puedan recibir la alimentación adecuada y apoyo en la movilidad para asistir a las clases.
Padres de familia denunciaron que desde hace dos meses las raciones del Programa de Alimentación Escolar, PAE, son insuficientes y carecen del contenido proteico que anteriormente recibían los estudiantes.
Ahora, en la próxima diligencia se espera que la Fiscalía y la defensa puedan develar los elementos de prueba con los que esperan enfrentarse en juicio.
Entre los afectados están el resguardo indígena de Mayabangloma del municipio de Fonseca y el Provincial de Barrancas.
Estudiantes de la Institución Educativa Normal, recibieron por parte del Programa una merienda con dos buñuelos, un banano podrido y un peto.
Las múltiples denuncias en torno a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, su contratación y la disposición de esos suplementos alimenticios impulsó a la Contraloría Departamental de La Guajira a hacer una auditoria a la Administración Temporal de la Educación de ese territorio.
La Contraloría desde el día de ayer inició un recorrido por las 32 capitales departamentales del país y la Isla de Providencia para verificar que a los escolares beneficiados con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, les estén entregando las raciones establecidas.
Este miércoles, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá decidirá si el mandatario deberá estar privado de la libertad.
Hoy el Tribunal Superior de Bogotá decidirá si el gobernador Luis Alberto Monsalvo deberá estar privado de la libertad por el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
La destitución la dio a conocer la Administradora Temporal para el sector Educativo en La Guajira, la cual mediante un acto administrativo procedió a destituir a la educadora.
Un alto porcentaje de escolares de la zona corregimental del departamento de La Guajira no estarían recibiendo el suplemento proteico reglamentario en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de ese territorio.
Raciones alimentarias incompletas, disminución de la población beneficiaria, así como la falta de seguimiento y control del proceso contractual del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de Valledupar fueron algunos de los temas abordados por el Concejo Municipal.
De acuerdo con miembros del resguardo Businchama, ubicado en el municipio de Pueblo Bello, personas ajenas a ese territorio quieren apropiarse del Programa de Alimentación Escolar, PAE, destinado para los infantes de esa comunidad.
Se trata de un convenio que el exmandatario hizo con la Fundación Kabala para la alimentación de los menores del área urbana y rural de Valledupar.
La decisión se dará a conocer la mañana del próximo miércoles 21 de julio.
Entre los investigados están los exalcaldes de Valledupar y Codazzi, Fredy Socarrás y Efraín Quintero, respectivamente; así como también los exsecretarios del departamento Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, entre otros.
En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, 9 inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley.
Atunes dañados, leches en polvo vencidas, entre otros alimentos en mal estado, son las denuncias de los padres de familia de Agustín Codazzi que con inconformismo han señalado que las raciones del PAE no cumplen con los estándares de calidad.
La defensa del mandatario tendrá el primer desafío y será responder ante la petición de medida de aseguramiento que hará la Fiscalía.
La Fiscalía General de la imputó al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas irregularidades en contrato de alimentación escolar.
