Cuando de aquí (de Valledupar) le enviaron al presidente Santos el requerimiento de nombrar en un alto cargo del gobierno, por lo menos a un representante de los departamentos del Cesar o de La Guajira, argumentando que estas dos regiones desde hacía rato estaban huérfanas de poder a nivel central a pesar de ser los principales productores de carbón con aporte importante al producto interno del país; en realidad, me sorprendió la designación de Amilkar Acosta Medina como Ministro de Minas y Energía, debido al antagonismo del nuevo Ministro con varias posiciones del gobierno del presidente Santos, entre las cuales resaltan las políticas neoliberales, tal como la venta de ISAGEN, una de las más grandes empresas generadoras y comercializadoras de energía con alta rentabilidad.
La situación actual del acueducto de Valledupar y la prestación de este servicio es un acumulado de circunstancias que históricamente vienen afectando a la Empresa de Servicios Públicos, que en los últimos meses ha sido criticada por distintos frentes de la sociedad civil, lo cual debe observarse con especial cuidado cuando de responsabilidades por su eficiente y eficaz administración se trata.
Desde el año pasado, el Municipio de Valledupar empezó el proceso de entrar a la Ley 550 a fin de reorganizar las finanzas y ponerle freno a los embargos.
