El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, fue suspendido por tres meses del cargo por presuntas irregularidades en un contrato de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento en la red de alcantarillado en la ciudad.

La decisión surgió de la Procuraduría General de la Nación al dar inicio a una investigación disciplinaria que involucra a otros funcionarios de la administración municipal.

Estos son el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keider Freyle Sarmiento, los directores de servicios públicos y contratación, Oscar Junco Rodríguez, y Ronald Neil Pérez Ojeda, así como también el tesorero municipal, Edén Eli Moscote Roys.

Según el órgano de control, la administración inició el proceso de  contratación sin tener información actualizada sobre el estado y avalúo de los bienes a intervenir en la ejecución de la obra.

“Igualmente, no detalló los trabajos que se realizarían con su debida programación, ni se efectuó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, donde está ubicada la población más vulnerable del municipio”, informó la Procuraduría.

Además, el proceso contractual no habría incluido las condiciones necesarias para permitir el acceso al servicio de agua de la comunidad wayuu, que gozan de una especial protección constitucional y judicial en el país.

El ente señaló que la matriz de riesgos al parecer no fue publicada desde el inicio, lo que ocasionó que los interesados no tuvieran el mismo tiempo que se otorgó para hacer observaciones al pliego de condiciones definitivo, razón por la cual, al parecer, habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación estatal.

Así las cosas, concluyó que era necesario empezar la investigación, puesto que se había alertado de las falencias del proyecto. 

De igual manera, la Procuraduría consideró que Bermúdez Cotes “como primera autoridad del Distrito, debía adoptar las medidas necesarias, oportunas y legales para garantizar que la prestación del servicio público domiciliario se prestara de manera eficiente y continua a toda la población, sin embargo, presuntamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por esta entidad”.

Ahora el mandatario deberá alejarse de sus funciones por el tiempo en que fue suspendido.