La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por cinco meses del cargo a María del Pilar Soto García, del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, por otorgar detención domiciliaria a una persona condenada por homicidio en el departamento del Cesar.
Soto García concedió el beneficio al sentenciado con el diagnóstico y opinión de un médico particular en el que se alegó una enfermedad, pese a que la ley para la época exigía la presentación de un dictamen de un médico oficial, según la Comisión.
“No puede traspasar los límites de la legalidad, pues precisamente la labor de los servidores judiciales en el Estado Social del Derecho, es buscar la preservación de la justicia y el desarrollo de procedimientos que salvaguarden el debido proceso, de allí que este principio encuentre límites en el acatamiento del ordenamiento jurídico y la eficacia de los derechos fundamentales que no se circunscriben únicamente a quien es sometido a un proceso penal sino también a las víctimas”, reza la decisión con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez.
