El primer fallo de San Alberto, que favorece a un grupo familiar víctima de la violencia, es emblemático. La sentencia abre la lista de familias que serán restituidas en este municipio al sur del Cesar y ordena compensar a los opositores con 90 millones de pesos. Las personas hoy compensadas compraron el predio en 1999 cuando la reclamante lo abandonó buscando salvaguardar su vida y la de sus dos hijos, la formalización de la venta se hizo el 4 de septiembre de 2000.
“En esta nueva sentencia la justicia colombiana reconoce la victimización de una familia que sufrió la crueldad del conflicto armado y por eso restituye su derecho a la propiedad, derecho que podrá ejercer con todas las garantías estatales. Para el opositor reconoce una compensación económica por haber probado que actuó éticamente en la negociación. La Unidad de Restitución de Tierras cumplirá la orden de entregar esa suma de dinero y restituir los terrenos”, explicó el director territorial en Magdalena Medio, Fabio Andrés Camargo Gualdrón.
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