Por Alvaro Lora García
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El decreto 307 del 5 de julio del presente año promulgado por el alcalde de Aguachica, Alfredo Vega Quintero, por medio del cual consagra y entrega el municipio a Dios como su único salvador, ha creado una polémica religiosa hasta el punto que la Iglesia Católica exigió que sea derogado.
De acuerdo con Monseñor Juan Amaya de la Parroquia San Roque y Vicario Episcopal del sur de Cesar, la Iglesia hace referencia al artículo 19 de la Constitución Política de 1991, en el cual se garantiza la libertad de cultos y donde se establece que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Por su parte Manuel Rodríguez Otero, quien se cree una persona atea, señaló que desde el punto de vista legal, el decreto 307 se convierte en una ley que se debe cumplir y en Colombia el que no cumple con las leyes es considerado enemigo público; razón por la cual, el mencionado decreto pone en jaque a los no creyentes y obliga al que no cree en Dios a adorarlo de manera obligada.
A pesar de las críticas, el alcalde dijo que ratifica el decreto 307 y este debe cumplirse como una ley municipal, ya que él como primera autoridad del municipio lo que busca es que Dios sea el amo y señor de toda la región como promulgador de la paz.
Con la promulgación del decreto los no creyentes ya preparan una serie de tutelas para que no sean excluidos de sus creencias y convocaron a las comunidades indígenas que se encuentran en el municipio y que creen en sus dioses diferentes al del Alcalde, para que enfilen fuerzas en contra del decreto 307.
A esta iniciativa se unieron las demás sectas que creen en un Dios diferente al de la primera autoridad del Municipio, en especial los que asisten a la congregación de los indígenas de la Serranía del Perijá como la comunidad Yukpa que se encuentra en la invasión La Pradera, quienes dijeron que su dios es el dios ‘Aponto’ y no Jehová.
Precisaron que ellos no están dispuestos a cumplir con el decreto 307 y si su determinación a esta rebeldía les cuesta salir del municipio, se irán para el Resguardo Sokorpa, de donde salieron en busca de un mejor futuro para sus hijos.
Por su parte el alcalde Alfredo Vega Quintero, manifestó que el no quiso ofender a nadie y ofreció disculpas a todas aquellas congregaciones que se sintieron ofendidas.
Puntualizó que en ningún momento está violando el artículo 19 de la Constitución de 1991 y que lo que quiere ratificar es el fervor que tienen los colombianos por Dios, Rey del Universo y que es el mismo que promulga la Iglesia Católica; “no entiendo por qué los católicos se sienten ofendidos con este decreto si yo como Cristiano Evangélico no los excluyo para nada, más bien lo que se quiere es que haya unidad entre todas las congregaciones que tienen a Dios como su salvador”, puntualizó.
