Las organizaciones sindicales Sintramienergetica y Sintracarbon, con presencia en los municipios del corredor minero del departamento del Cesar, alzaron su voz de protesta por la intención del grupo Prodeco de suspender actividades en las minas Calenturitas y La Jagua.

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Rememoraron que los municipios del corredor minero, durante muchos años, tuvieron una vocación agrícola, pesquera y de caza. Y en la década de los 80 el área sufrió un cambio en su modelo productivo con la llegada de trasnacionales del talante de Drummond, CNR y el grupo Prodeco, filial de Glencore, entre otras, donde su principal interés es: la extracción, explotación y comercialización del carbón térmico, de importancia principalmente en los mercados europeos y asiáticos.

“La posibilidad de suspender las operaciones llena de incertidumbre a la comunidad en general, ya que de manera directa e indirecta, afectaría a todos los pobladores de esta región. El panorama no es para nada prometedor, el Grupo Prodeco al solicitar la suspensión de actividades ante la Agencia Nacional de Minería, ANM, estaría profundizando la problemática del desempleo”, plasmaron los líderes sindicales a través de una misiva.

En el documento añadieron que de igual forma generaría repercusiones en la comunidad que de manera indirecta se beneficia de la economía que se genera alrededor de la minería, precisando que: “Las finanzas de los municipios del corredor minero, que en muchos casos habían proyectado inversiones sociales con recursos de las regalías, están también en peligro, con la posible parálisis de las operaciones.  Esta es una realidad para la que no están preparadas las comunidades que durante años vienen acostumbradas a este modelo económico extractivista, lo que generaría un detrimento en los ingresos de muchas familias”.

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De manera conjunta, las organizaciones sindicales con presencia en las empresas del Grupo Prodeco han emprendido acciones de orden administrativo, jurídico y político para frenar el alcance de esta solicitud.

“En el momento contamos con el apoyo de los entes gubernamentales del corredor minero, senadores, diputados del departamento y concejales de los municipios, así como con entidades públicas como la Secretaría de Minas del departamento. También haremos un llamado para que se vincule el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como garantes de este proceso. Los municipios del corredor minero deben irse preparando a corto plazo para el cierre de mina del Grupo Prodeco, pero antes de eso esta empresa debe cumplir con su responsabilidad social – empresarial consagradas al momento de suscribir las licencias de operación, para que no cause un impacto socioeconómico como actualmente está aconteciendo. De igual manera, deben informar previamente a las entidades competentes para evaluar de manera conjunta la reconversión. Por ello, el cierre de manera abrupta de la compañía, podría desencadenar una gran afectación socioeconómica y ambiental, en lo que respecta a la reforestación y recuperación de afluentes acuíferos, sumiendo a estos municipios en una profunda pobreza y con ello sus implicaciones”, puntualizaron.

REVISAMOS PLANES MINEROS Y COSTOS: PRODECO

Para el Grupo Prodeco, la incertidumbre derivada de la pandemia de covid-19, la rápida caída de los precios del carbón en mercados clave y la ansiedad constante de la comunidad, han resultado en un cambio material de la perspectiva económica para sus operaciones mineras: “Esta circunstancia, complementada además con decisiones judiciales que han resultado en una pérdida y demora en los permisos requeridos para el desarrollo de nuestra operación, ha significado que hayamos tenido que re-evaluar la forma en que operamos el negocio”, comunicaron.

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La compañía en revisión de sus planes de desarrollo mineros, estructuras de costos y procesos de apoyo del negocio y teniendo en cuenta el ambiente actual de los mercados, ven talanqueras en las licencias ambientales: “Para poder implementar estos planes se requiere obtener una serie de aprobaciones por parte de entidades gubernamentales, las cuales pueden implicar la necesidad de llevar a cabo consultas con las comunidades y otros interesados, así como la solución de situaciones derivadas de determinados procesos y decisiones judiciales”, que serían complejas al final.

Por lo anteriormente analizado, la filial de Glencore presentó a consideración de la Agencia Nacional de Minería ANM una solicitud de autorización de suspensión de actividades de las minas Calenturitas y La Jagua, de conformidad con el Artículo 54 del Código de Minas.

POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
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