Las empresas carboníferas del Cesar tienen la obligación de invertir en compensación biótica alrededor de $900.000 millones de pesos para mejorar 30.000 hectáreas por la afectación ambiental que ocasionan sus explotaciones, y no tienen claro cómo hacer dicha inversión.
Razones de normatividad e inflexibilidad en las normas han impedido buscarle una salida creativa y alternativa a dicha inversión que según la legislación actual debe ser solamente en productos forestales. Existen dificultades legales, de uso y propiedad de la tierra y reclamos de comunidades.
De otra parte, el Cesar necesita inversión y a raudales. Inversión que genere empleo y ayude al quinto departamento más pobre del país a erradicar su 52% de pobreza. Un departamento que por el cierre abrupto del 25% de sus minas de carbón dejó en la calle a más de 5.000 trabajadores y con ello todas las relaciones comerciales y productivas que generaba dicha actividad.
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Las regalías y el impuesto de industria y comercio de los municipios del corredor minero se fueron a pique y lo más importante no ha habido inversión social ni productiva sustituta del Gobierno nacional para compensar dichas pérdidas. Es un departamento en donde el 69% de sus suelos está en proceso de desertificación y el 87% de sus municipios con riesgo de desabastecimiento de agua.
El corredor minero del Cesar, que lo integran cinco municipios, es lo que se conoce como un “territorio de sacrificio” en los procesos de transición energética. Se cierran las minas de carbón, el Gobierno nacional se enorgullece de hacerlo, pero no se atiende a los afectados que son hombres, mujeres y niños que de ello vivían.
El Gobierno no entiende que la transición energética necesita gradualidad y compensación en su desarrollo. Es sordo ante dichos clamores.
Entonces desde el territorio y en alianza con organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia y con el apoyo de entidades como Diálogos Improbables y el Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, tenemos la propuesta que dichos recursos de compensación ambiental se utilicen en el territorio para desarrollar proyectos productivos agrícolas, con cultivos que ayuden a preservar la biodiversidad, la protección de cuencas y a reverdecer un departamento que se ha desertificado por el cultivo del algodón y la potrerización.
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Se solicita que la ANLA autorice a las mineras utilizar estos recursos para cultivar café o cacao bajo sombra acompañada de especies nativas, ya sea en predios campesinos o de las mineras, promoviendo empleo, ingresos y restauración de la biodiversidad en el departamento.
Ante la ausencia de inversión estatal y la existencia de dichos recursos privados, lo que se requiere son decisiones de gobierno, de la ANLA, en particular. Estas inversiones serían una solución casi que inmediata ante el clamor del territorio, ante el olvido estatal y ante las arcas vacías del gobierno nacional.
Se puede solicitar que parte de los $900.000 millones por supuesto se mantengan en temas puramente forestales y de recuperación de los tajos mineros afectados, otros recursos y ojalá la mayoría se inviertan en predios campesinos, con el fin de apoyarlos en cultivos que les generen ingresos para ellos y alimentos para los colombianos y finalmente se les permita también a las mineras inversiones en predios propios en cultivos que como hemos dicho sean recuperadores de flora y fauna local y que ayuden a reverdecer el departamento.
Es una medida pragmática, inmediata, mucho mejor que tener guardados $900.000 millones sin que ayuden a un departamento muy necesitado. Esta es la cuota para una economía post-carbón, para la reactivación económica del Cesar y para su diversificación productiva, para dar el salto a la agroindustria y a las exportaciones. Desde la sociedad civil y la academia se les solicita entonces a los parlamentarios del departamento realizar esta gestión ante la Autoridad Ambiental Nacional.
Por Fernando Herrera Araújo – Director del CESORE
