Para el año 1930, la situación de la mujer en Colombia era de exclusión, al punto de que solo hasta el año 1954 se le vinieron a reconocer derechos políticos: cuando se le reconoció su derecho al voto y de ciudadanía completa; al paso que la mujer casada era considerada como una hija del marido para efectos legales. Así, este tenía la administración de sus bienes, de los que solo podía disponer ella, con la autorización del marido. En materia de representación, estaba también sujeta a la autoridad del marido, de tal manera que si debía comparecer en juicio lo debía hacer a través de su cónyuge, y a la hora de rendir declaración ante un juez, se le daba el tratamiento igual al que se dispensaba al menor de edad, de manera que debía comparecer acompañada de su marido. Esta situación vino a ser superada solo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932, que le dio la administración de sus bienes a la mujer casada, así como se le autorizó para comparecer libremente en juicio. Esta normatividad entró en vigor el 12 de noviembre de 1932.
La mujer soltera gozaba sin limitaciones de su libertad en cuanto a la administración de sus bienes, de los que podía disponer sin limitaciones, y comparecía también libremente a juicio.
Me sorprende encontrar una escritura del 19 de julio de 1930, mediante la cual la señora Antonia J. Morales, vecina de Valledupar, soltera, “habiendo sido nombrada para desempeñar el cargo de administradora de Correos de esta ciudad, en el departamento del Magdalena, por Decreto ejecutivo No. 977 de 20 de junio próximo pasado, del Ministerio de Correos y Telégrafos”, con el fin de cumplir con las exigencias de ley, “para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas” con ese nombramiento, y garantizar la cantidad de quinientos pesos ($500), fijada por la autoridad de Santa Marta como cuantía de la fianza que presta, da en prenda o hipoteca a favor del Tesoro Nacional, el siguiente bien inmueble de su propiedad:
La casa de adobes y tejas que la hipotecante posee en esta ciudad sobre la acera este de la Calle de La Nevada (del Cesar), que adquirió mediante la escritura número 11 de fecha trece (13) de marzo de 1914, que limita al norte, Callejón de San Francisco y casas de Silvina Espejero, Pedro Jaimes y herederos de Olivia Fernández de Herrera; por el sur, casa y solar de Francisco Villazón Q.; por el este, solar de José Antonio Maya, y por el oeste, casas de Dolores Reales, Rosa Martínez y Torcoroma Se…(ilegible), la calle de la Nevada (del Cesar) en medio.
Este inmueble, según las luces con que me han ayudado los académicos Luis Orozco Córdoba, César Emilio Sánchez y Álvaro Castro Castro, conocedores de la zona, corresponde hoy a la casa que hace esquina en la carrera 7 (Calle del Cesar) y la calle 14, donde funciona el teatro “Maderos”.
Para el momento de la designación de la señora Morales, desempeñaba el cargo de alcalde municipal de Valledupar el señor Antonio Saltarén, vecino de Ciénaga, y autorizado por el señor ministro de Correos y Telégrafos, Dr. Ismael Enrique Arciniegas, mediante telegrama No. 2942 de fecha 7 de julio del mismo año, aceptó la garantía dada por la señora Antonia J. Morales, quien ejerció el cargo para el cual fue designada. Ocupaba la presidencia de la República el Dr. Miguel Abadía Méndez.
La señora Antonia J. Morales fue reemplazada en el cargo por Luis A. Pupo Martínez, quien fue designado mediante Decreto Ejecutivo No. 1652 de 21 de septiembre de 1931, y prestó fianza para asegurar al Tesoro Nacional el buen manejo de su cargo y de los dineros que iba a administrar, lo que hizo a través de la escritura pública No. 47 de 7 de octubre de 1931, en la cual presentó como fiadores por la suma de $1.000, a los señores Aníbal G. Castro y María F. Martínez viuda de Pupo. Aprobada la fianza por el alcalde municipal de Valledupar, Miguel Francisco Meza, debidamente autorizado por el Ministerio de Correos y Telégrafos mediante el telegrama # 365 de fecha 6 de octubre, entró a ejercer el cargo el señor Pupo Martínez.
En mi opinión es un hecho destacable dada la situación en la que se encontraba la mujer para ese momento histórico.
Para rememorar, señalamos que el Dr. Pedro Castro Monsalvo ocupó el Ministerio de Correos y Telégrafos entre el 7 de agosto de 1942 y el 17 de diciembre del mismo año, durante el segundo Gobierno del Dr. Alfonso López Pumarejo.
