WASHINGTON (AP) —
Estados Unidos considera que la solicitud del presidente venezolano Hugo Chávez a la Asamblea Nacional de promulgar una ley habilitante que le permita gobernar por decreto parece ser una búsqueda de “formas creativas para justificar poderes autocráticos”.
El portavoz del Departamento de Estado P.J. Crowley dijo en su conferencia de prensa diaria, que “lo que él (Chávez) está haciendo aquí es subvertir la voluntad del pueblo venezolano”.
“En septiembre, millones de venezolanos ejercieron su derecho democrático de votar en las elecciones legislativas. Fueron unas elecciones exitosas y dieron a los venezolanos la oportunidad de enviar un mensaje claro al gobierno”, señaló Crowley. “La nueva legislatura se instalará el 5 de enero y debería tener la capacidad de contribuir al proceso político en Venezuela”.
En un evento sobre derechos humanos celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la subsecretaria de Estado para la democracia y asuntos globales, María Otero, dijo que la intención de Chávez “debilita el proceso democrático que eligió al nuevo liderazgo”.
Chávez solicitó esta semana la cuarta ley habilitante desde que asumió la presidencia en 1999, argumentando que su gobierno necesita poderes extraordinarios para afrontar las pérdidas causadas por una intensa temporada de lluvias.
Sus detractores alegan que la ley habilitante busca restarle poder a los 65 escaños que ocupará la posición a partir del 5 de enero, después de no presentar candidato alguno en el 2005.
La subsecretaria Otero señaló que “esta situación nos llama a recordar nuestros compromisos con la Carta Interamericana Democrática, que subraya la separación de poderes e independencia de las ramas gubernamentales como uno de los elementos esenciales en una democracia representativa”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también expresaron el miércoles su preocupación por la ley habilitante.
“Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos”, dijo la CIDH en un comunicado de prensa, refiriéndose a Venezuela.
La Asamblea Nacional aprobó el martes el proyecto de ley en primera discusión, y planea aprobarlo definitivamente el jueves.
