Una rigurosa investigación a la Procuraduría, la Fiscalía y a la Contraloría General, pidió el diputado Jorge Magdaniel Rosado para que se examine el contrato para la administración y mantenimiento de la represa del Río Ranchería a cargo del consorcio Tipesa.
Según el diputado, el Estado, a través del Incoder cancela anualmente tres mil millones de pesos y la obra aún no está prestando los servicios para la que fue construida.
El diputado se refirió al hecho en la instalación de las sesiones ordinarias del mes de marzo de la Asamblea Departamental del departamento de La Guajira, donde manifestó su temor porque la obra, según su criterio se está convirtiendo en un elefante blanco y no entiende porqué se está pagando una cifra de dinero tan alta para su administración y mantenimiento.
