La Ley 1424 de 2010 que contiene el marco jurídico para resolver la situación judicial de paramilitares que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y no fueron incluidos en el proceso de Justicia y Paz, fue dejada en firme, dejada en firme por la Corte Constitucional.
Con esta normativa que fue aprobada el 16 de diciembre de 2010, en reemplazo de otra iniciativa del Ejecutivo que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, se buscaba ampliar a los reinsertados el principio de oportunidad (la posibilidad de beneficios a cambio de colaboración).
Esta norma fue avalada por el alto Tribunal en una reñida votación con cinco magistrados a favor y cuatro en contra, y se debe a una demanda presentada el 14 de abril por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y los congresistas Germán Navas Talero e Iván Cepeda Castro, quienes estaban en desacuerdo en varios puntos, pero en especial el que hablaba de que los testimonios obtenidos por esta vía no podían ser usados contra terceros en procesos judiciales.
