Dice gobierno de EEUU:
WASHINGTON. AP. Colombia necesita aumentar sus esfuerzos para esclarecer 1.500 casos pendientes de ejecuciones extrajudiciales y combatir las amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos y activistas por la restitución de tierras, dijo el jueves el gobierno de los Estados Unidos.
Al anunciar en comunicado de prensa su decisión de notificar al Congreso que la nación sudamericana cumple con los parámetros establecidos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado libera así el desembolso de 23 millones de dólares, 30% de los fondos destinados a las fuerzas armadas colombianas en el presupuesto estadounidense correspondiente al año fiscal 2011, y que aún no han sido ejecutados.
“Si bien se ha logrado gran progreso, es importante que las fuerzas armadas —militar y policial— sigan concentradas en el proceso de años para construir una cultura de derechos humanos dentro de sus instituciones”, se dice en la declaración.
El documento sostiene como “esencial” que el gobierno colombiano apoye a la nueva fiscal general Viviane Morales con “recursos apropiados y voluntad política clara” para comenzar a esclarecer casos acumulados de violaciones a derechos humanos, que incluyen alrededor de 1.500 ejecuciones extrajudiciales.
Menciona también que más de una docena de activistas por restitución de tierras han sido asesinados.
Los cálculos del gobierno del país sudamericano indican que en los últimos 25 años en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, al menos dos millones de ellas les fueron robadas a campesinos por grupos armados ilegales; otras cuatro millones de hectáreas fueron abandonadas por sus propietarios por temor a esos ilegales, e incluso al Estado le fueron “robadas” entre 400.000 y 500.000 hectáreas en procesos fraudulentos en notarías y registros.
Los desposeídos son en su mayoría campesinos pobres, y su desplazamiento ha colocado a Colombia en segundo lugar global tras Sudán en cuanto a la cantidad de desplazados internos, con más de tres millones.
La declaración describe a la gestión del presidente Juan Manuel Santos como una “oportunidad única” para que el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional trabajen juntos en solucionar los “retos pendientes para lograr una paz duradera en Colombia.
El Departamento de Estado aplaudió que durante el último año Santos firmara un nuevo código penal, facilitara el nombramiento de un fiscal general tras una vacante de 16 meses, aprobó leyes más severas para los agresores de defensores de derechos humanos y firmó una ley de víctimas que busca compensar durante la próxima década a cuatro millones de colombianos despojados de tierras.
Debido al promedio anual de 40 sindicalistas colombianos asesinados durante la última década, la Casa Blanca condicionó con Bogotá un plan de medidas para combatir las agresiones a sindicalistas y la impunidad que rodea esos casos, antes de enviar al Congreso para ser ratificado el tratado de libre comercio, estancado desde 2006.
