Colombia es uno de los países del mundo donde los servicios públicos domiciliarios no se presta de manera oportuna, eficiente y de buena calidad. ¿Cómo estamos? El acceso a servicios públicos en zonas rurales es de un 28 % menos que en las zonas urbanas; el 40 % de agua potable se desperdicia en Colombia; 3.8 millones de colombianos consumen agua no potable; existen 89 botaderos de basura inadecuados en el país y los hogares consumen 30 % más de electricidad por el uso de equipos ineficientes y malas prácticas.
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El Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad, asignó un eje denominado Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos cuyo costo oscila entre los 45,3 billones de pesos, con el objeto de mejorar el acceso al agua y a la energía como fundamento de la equidad de los colombianos y de la competitividad de las empresas.
La estrategia apunta a implementar soluciones alternativas para el acceso a los servicios públicos en las zonas más apartadas; modernizar los servicios de agua y aseo para hacer un correcto uso; mejorar precios, tener una mayor cantidad de empresas prestadoras de los servicios de energía y gas; y usar nuevas tecnologías para mejorar el acceso.
Al finalizar, el Gobierno espera que 100.000 nuevos hogares cuenten con servicio de electricidad; 1 millón de nuevos hogares cuenten con servicio de gas y 3 millones de colombianos accedan a agua potable y tengan manejo de aguas residuales. Por su lado, espera que 991 municipios, es decir el 90 % del país, maneje adecuadamente sus residuos sólidos; y 100.000 usuarios accedan a cambiar la leña por otros energéticos.
MALAS CONDICIONES
En la costa norte de Colombia los servicios públicos domiciliarios se prestan en condiciones preocupantes debido a la malversación de recursos públicos que se invierten inadecuadamente, dando prioridad al sostenimiento de las empresas más que a la calidad o eficiencia.
Los acueductos municipales proporcionan agua no apta para el consumo humano y es facturada como si fuera agua 100 % potable.
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Los acueductos rurales están en su mayoría abandonados, son los líderes de esos territorios que se esfuerzan por tener acceso al agua para sus comunidades pero esta no es tratada y va directamente del río a los hogares.
Las fuentes hídricas se están contaminando principalmente por los desechos producidos por los sistemas de alcantarillados y aguas negras; al igual que el desecho de los cultivos que no tienen ningún tipo de tratamiento al devolverla a los ríos.
En Valledupar, que vendría a ser una de las mejores aguas, se tiene una planta de tratamiento PTAP en regular estado, a espera de la terminación y puesta en marcha del tanque de 20.000 metros cúbicos y la conexión con el tanque de la Popa que solucionaría el abastecimiento del sector tres de la comuna cuatro de Valledupar; pero el tanque de la Popa también necesita ser reconstruido y no se conoce el adelanto de ningún proyecto para solucionar este impase.
Valledupar es el mayor contaminante del río Cesar con las altas cargas de aguas residuales que se vierten y estas contaminan al río y los cultivos; contaminación que también acabó con la pesca, actividad de la que dependían muchas familias en todo el cauce.
La empresa Aguas del Cesar se interesa más en construir redes que abastecer de agua potable a las regiones, abandonando su objeto social; da prioridad a proyectos de micromedición por encima de mejorar la calidad del agua, como es el caso de Pueblo Bello, donde el agua no es 100 % apta para el consumo humano.
A OSCURAS…
El servicio de energía en la región sufre una de las peores infraestructuras del país y la prestación es mala por las fluctuaciones constantes y los cortes no programados, producto de una obsolescencia que encierra toda la cadena: los transformadores de las subestaciones, redes de alta, mediana y baja tensión en mal estado, transformadores que ya han agotado su vida útil, postes de madera y deteriorados.
Pero las tarifas siguen en aumento y el Gobierno busca cambiar los micromedidores para mejorar el sistema de medición, según ellos, aplicando la telemedida que, en realidad, beneficia a las empresas por encima de los usuarios, además de dejar sin empleo a las personas que hacen parte de las cuadrillas de lectura, suspensión y reinstalación.
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Pero también hay regiones que no cuentan con el servicio eléctrico y los alcaldes no han tenido el interés de presentar las solicitudes ante el Ministerio de Minas y Energía para que por lo menos se tenga la oportunidad de acceder al servicio de energía.
También se observa la falta de gestión por parte de los alcaldes para certificarse, a través de las oficinas de Planeación, como zonas de difícil gestión para que estos usuarios puedan recibir los subsidios que el Estado asigna a los más pobres.
SERVICIO AL CLIENTE
Por otro lado, algunas empresas no están cumpliendo con las 40 horas de atención presencial a los usuarios y han optado por recortarlos ajustándolos a su conveniencia; y los entes de control hacen oídos sordos frente a estas irregularidades tipificadas en la Ley 1437 de 2011.
En su facturación, Emdupar erradicó el pago de mes actual en los desprendibles de pago. Sin duda, un error por el desgaste de tiempo del funcionario y el usuario y la papelería, porque en esta época de pandemia el usuario tiene que acerrase a la empresa a solicitar una factura para pagar el mes actual.
No hay coherencia y la empresa deja de percibir estos recursos mientras busca por otros medios la recuperación de la cartera y no seguir perdiendo recursos por la no colocación de la colilla del pago del mes actual.
Para el caso del gas es importante que los hogares tengan acceso a este servicio y está en manos de los alcaldes la gestión de proyectos de gasificación. Garantizar el acceso al gas es erradica el uso de la leña para la preparación de alimentos.
En al caso del servicio de aseo y saneamiento básico, en Valledupar hay fallas en la prestación del servicio de barrido, vehículos de recolección en mal estado, no se están realizando las podas y tampoco la limpieza de parques según los cronogramas de la empresa, sino que la Alcaldía y la empresa Emdupar están sacando a sus funcionarios a realizar el trabajo por el cual se le paga a la empresa de aseo.
Desde el punto de vista administrativo, desde el año pasado la empresa de Aseo del Norte Valledupar carece de gerente. Quien funge es el gerente de La Guajira y no debemos olvidar que la empresa Aseo del Norte es una sociedad con domicilio en Valledupar y la ubicación es Valledupar y aun no entendemos que no haya gerente y esta función la realicen desde otra ciudad.
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Además que la empresa cerró la oficina de atención presencial que tenía en el centro, en una zona de fácil acceso para los usuarios, y a raíz de las denuncias realizadas la reabrieron en el barrio 25 de Diciembre donde no hay acceso porque para esa zona no hay servicios de busetas sin contar los riesgos que implica llegar al área de operaciones del parque automotor.
NO HAY REGISTRO
Por otro lado, las empresas que realizan el servicio de recuperación (recicladores) no están cumpliendo con la prestación de estos servicios y los usuarios seguimos pagando en las facturas mes a mes este servicio, pero no se tiene conocimiento de las empresas, de los vehículos, rutas, jornadas de capacitación y no se sabe de dónde sacan las toneladas de servicios de aprovechamiento o material reciclado que vienen reportando ante el SUI de la Superservicios, puesto que estas toneladas recuperadas deben reflejarse en la disminución de las toneladas del relleno sanitario de Valledupar. Y lo que es importante ¿cómo hacen los usuarios para acceder a los descuentos tarifarios por separación en la fuente?
Un llamado importante a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a desempeñar mejor su función de inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios para que no se repita la historia de Electricaribe: las fallas no fueron corregidas en su momento y se permitieron abusos que acabaron con el sistema eléctrico de la costa Caribe.
La invitación a los alcaldes y gobernadores es a trabajar en la certificación para la gestión de los recursos de los subsidios y certificar los proyectos para ser gestionados ante los ministerios de Minas y Energía y Vivienda.
A las empresas a mejorar el trato con los usuarios para que se genere confianza, lo que redundará en una buena relación empresa-cliente, esto garantiza que el usuario tenga mayor responsabilidad en el uso adecuado de los servicios públicos y el pago oportuno de los mismos.
A los usuarios a cumplir sus deberes porque así como tenemos derechos también tenemos deberes de pagar oportunamente los servicios públicos y hacer uso adecuado y responsable de los mismos.
Por: Erney Galván Rodríguez