Un exconcejal de La Jagua de Ibirico y tres contratistas fueron capturados por agentes del CTI de la Fiscalía por presuntamente orquestar actos de corrupción en un contrato celebrado durante la administración pasada en ese municipio.

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Los detenidos fueron el exedil  Wilson Arias Angarita y los contratistas Dellys Margoth Amara Rangel, Dommmy Antonio Ríos Suárez y Doris Inés Jiménez Sánchez, solicitados por orden judicial por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Sus aprehensiones se produjeron mediante diligencias de allanamiento y registros en distintos sitios de La Jagua de Ibirico y por una investigación realizada por la Fiscalía 12 seccional de Valledupar adscrita a la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública.

Según las indagaciones, los implicados establecieron un plan para apoderarse de un dinero destinado para la capacitación de los cabildantes que conformaban el Concejo Municipal entre el periodo 2016 -2019.

Así lo denunció la exconcejal Geraldine Andrea Vera Ortiz al informar a las autoridades que en las sesiones ordinarias del  mes de noviembre del año 2018 se llevó a cabo una reunión en el despacho del presidente del Concejo municipal, Wilson Arias Angarita, en la que hablaron del presunto entramado de corrupción.  

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“Dicha reunión tenía como objeto ponerse de acuerdo en legalizar un dinero que estaba destinado a una capacitación de los corporados y ellos plantearon en esa reunión legalizarlo sin asistir a la actividad destinada y propusieron repartir ese  dinero, dándole la palabra a cada concejal para expresar si estaba de acuerdo o no en el planteamiento por parte del presidente de la corporación”, reza el informe de las autoridades conocido por EL PILÓN.

Al parecer, para justificar la capacitación buscaron un certificado de una empresa privada con la cual pudieron sustentar el dinero por concepto de capacitación y así poderlo dividir por partes equitativas. 

Por estos hechos los implicados fueron presentados ante un juzgado de control de garantías de la capital del Cesar para las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.

En la última diligencia la Fiscalía 12 seccional solicitó al juez que fueran cobijados con la detención domiciliaria pero el administrador de justicia decidió darles la medida de aseguramiento  no privativa de la libertad.

No obstante, continuarán siendo procesados por los delitos anteriormente mencionados  de los que todos se declararon inocentes.

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LA DEFENSA

Se conoció por fuentes ligadas a la defensa que presuntamente el contrato se realizó dentro de los parámetros legales para materializar una recreación en otro municipio dentro del presupuesto establecido para eso pero una de los concejales aparentemente no se sintió a gusto y demandó.