La denuncia de la víctima y otros elementos de pruebas recolectados por la Fiscalía tienen en líos jurídicos a los patrulleros de la Policía Nacional, Gustavo Andrés Graciano Morales y Wílmar Enrique Gustin, señalados de presuntamente exigirle dinero a un ciudadano a cambio de no capturarlo en el municipio de Becerril, Cesar. 

Los uniformados, la mañana del jueves, fueron judicializados ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar por el delito de concusión, del cual se declararon inocentes. 

La investigación surgió por los hechos ocurridos la noche del 6 de febrero de 2020. Según la Fiscalía 12 seccional, el ciudadano Jairo Javier González, en compañía de su hijo, se movilizaba en un vehículo sobre una vía de Becerril y fue requerido para un control rutinario por parte de la patrulla policial conformada por los ahora detenidos.   

En el procedimiento, los patrulleros, adscritos a la seccional de tránsito y transporte, le solicitaron a González que presentara los documentos del vehículo, entre ellos la licencia de tránsito, la que al parecer resultó falsa.   

En consecuencia, González fue retenido por el posible delito de uso de documento falso y se dispuso su traslado al municipio de Codazzi. 

Sin embargo, en el camino aparentemente los patrulleros constriñeron insistentemente al ciudadano para que les diera $300.000 a cambio de no dejarlo en manos de la autoridad competente, petición que González no aceptó, pese a que alcanzó a dar $150.000. 

El conductor decidió denunciar el caso ante la Fiscalía, la cual previa indagaciones solicitó la orden de captura de los patrulleros. No obstante, estos al enterarse decidieron presentarse voluntariamente ante las autoridades. 

Los patrulleros en las audiencias preliminares fueron cobijados con detención domiciliaria, con el fin de apartarlos del cargo. La juez consideró que representaban un peligro para la víctima por haberlos denunciado. 

“Personas ajenas a su conocimiento han llegado hasta su lugar de residencia a advertirle sobre la denuncia que había hecho este sobre los policías, situación que no se puede obviar por parte de la judicatura máxime que estas dos personas tenían obligaciones constitucionales de tener cuidado de la ciudadanía”, precisó la administradora de justicia.  

Agregó que también los procesados eran un peligro para la comunidad por la posible reincidencia en la conducta endilgada. 

“La libertad de ustedes representa un peligro actual por la calidad que ostentan de miembros activos de la Policía Nacional y para la seguridad de la comunidad”, puntualizó la juez. 

LA DEFENSA 

El abogado defensor Ronald Arenillas, por su parte, manifestó que sus representados en la actualidad llevaban una conducta intachable dentro de la institución, la cual los ha condecorado por su trabajo. 

“Mis defendidos tienen toda la disposición de acudir a cualquier llamado que les realice la justicia para que se puedan aclarar los hechos”, acotó Arenillas.