Durante varios años la multinacional minera Drummond ha sido cuestionada por su papel frente a los paramilitares en el marco del conflicto armado, pero esta vez las autoridades colombianas dieron un paso en el terreno judicial.

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La Fiscalía General de la Nación acusó al expresidente de la multinacional en Colombia, Augusto Jiménez Mejía; y a su actual presidente en el país, José Miguel Linares Martínez, por el delito de concierto para delinquir con fines de financiación a los ‘paras’.

La diligencia corrió por cuenta de un fiscal de Justicia Transicional que responsabilizó a los directivos de financiar y promover a las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años 1996 y 2001.

De acuerdo a la información conocida por el periódico El Tiempo, la investigación contra los funcionarios surgió por una compulsa de copias de la justicia ordinaria.

Para la Fiscalía, la multinacional con el fin de recibir seguridad patrocinó las acciones del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Autodefensas en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná.

Durante la investigación habría más de mil víctimas que involucran a la poderosa empresa minera y a los paramilitares por los delitos de secuestro, desplazamiento forzado, homicidio, entre otros.

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Al respecto, la multinacional informó que sus directivos jamás han tenido relaciones con los grupos al margen de la ley.

“Drummond ha ganado cada uno de los casos presentados en su contra. En esas instancias se ha establecido que varios testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por su testimonio. Esto llevó a un Juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terry Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos”, dijo la compañía.

Agregó que sus directivos siempre han cooperado con las autoridades y lo seguirán haciendo.

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“Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país, y ha adoptado los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, así como los principios rectores de las Naciones Unidas en derechos humanos y empresas”, enfatizó Drummond.

Redacción Judicial/ EL PILÓN.