Los exempleados mineros capturados recientemente por, al parecer, obtener pensión de manera irregular mediante un millonario desfalco al sistema pensional se declararon inocentes de los cargos endilgados por la Fiscalía en la continuación de las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, la tarde de ayer.

En la vista pública, los implicados Aldo Enrique Mendoza Peralta, Fabián Pacheco Durán, Giovanni Molina Daza, Fabio Martín Miranda Guzmán, Nerión Rafael Silva Mendoza y Jhonny Rafael Silva Mendoza no aceptaron los cargos por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal que se efectuaron en los municipios de Valledupar, Manaure y Barranquilla.

El fiscal del caso, en la audiencia de imputación de cargos, indicó: “Falsificaron documentos para finalmente obtener una calificación de la perdida de la capacidad laboral por encima, igual o superior a un 50 % y así poder hacerse acreedores a una pensión de invalidez, así como haber inducido al error a funcionarios públicos con el propósito de obtener decisiones en este caso de acto administrativo y haber obtenido un provecho en detrimento de las entidades aseguradoras del país como Colpensiones, Allianz, Alfa, Chubb Colombia, entre otras por valor cuantificado en caso de las nueve personas… por una cifra que supera los $3.600 millones”.

Los argumentos de la Fiscalía para dicha diligencia se debieron a que los implicados de las empresas carboníferas de Cerrejón, Prodeco y Drummond, aparentemente manipularon documentos para alcanzar la pensión mediante incapacidades o enfermedades inexistentes que los vinculan a la investigación reconocida como el ‘Cartel de las Pensiones’ o ‘Cartel de los Locos’.

Según el ente acusador, en labores de inteligencia pudieron determinar que las personas que fraudulentamente tramitaban la pensión, antes de obtenerla de manera premeditada, acudían al sector financiero, copaban su capacidad de endeudamiento y compraban seguros o adquirían pólizas, para una vez alcanzado el estado de pensionado por invalidez las obligaciones dinerarias fueran asumidas por las aseguradoras.

Por tal motivo, en la imputación de cargos Jhonny Rafael Silva Mendoza y Aldo Enrique Mendoza Peralta no aceptaron cargos de estafa agravada en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público

Mientras que los demás judicializados fueron legalizados por el delito de estafa agravada en concurso heterogéneo con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

MAIRA MANOSALVA /EL PILÓN
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