Autoridades y comunidades indígenas yukpa y wayuu han manifestado su preocupación tras la promulgación del Decreto 0858 de 2025, que establece el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Estas comunidades señalan que, para la expedición de esta normativa, no se cumplió con el procedimiento de consulta previa, poniendo en peligro la atención sanitaria en sus territorios ancestrales.
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El rechazo proviene especialmente de seis cabildos gubernamentales del pueblo yukpa y 13 autoridades del pueblo wayuu de la Alta y Media Guajira, integrados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira (Dusakawi EPSI). Estos grupos habían expresado antes sus inquietudes en cartas dirigidas tanto al Gobierno Nacional como a entidades como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría y la Contraloría. Denuncian que la reforma al sistema de salud fue implementada a través de decreto, sin pasar por el Congreso ni realizar las consultas tradicionales establecidas para los pueblos indígenas.
Decreto 0858 de 2025
El Decreto 0858 de 2025 establece en Colombia el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública obligatoria, con el propósito de reorganizar el sistema de salud focalizándose en la atención primaria territorializada. Este nuevo modelo busca anticipar y prevenir enfermedades, resolviendo oportunamente los problemas de salud desde el primer nivel de atención, fortaleciendo la coordinación entre prestadores públicos, privados y mixtos a través de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
El decreto implica un cambio estructural importante al redefinir el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que deberán operar dentro de estas redes territoriales y contratar localmente, coordinándose con las entidades territoriales que asumen nuevas funciones de planificación y articulación. Su implementación progresiva se extenderá hasta julio de 2026, con un plan de fortalecimiento institucional y asistencia técnica para garantizar la equidad y efectividad en todo el país
Sin consulta previa con comunidades indígenas
Edwar Álvarez Vacca, defensor de derechos humanos, denunció en El Tiempo, que se presentó un informe detallado de casi 300 páginas a múltiples organismos nacionales e internacionales, advirtiendo que la aprobación del decreto sin la participación indígena acarrearía consecuencias desastrosas para los pueblos yukpa y wayuu. A pesar de estas alertas, el decreto fue publicado, incumpliendo lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017 y acuerdos previos con autoridades indígenas.
Uno de los mayores temores radica en el impacto que tendrá la reorganización del sistema de salud en las entidades indígenas propias, como Dusakawi EPSI, reconocida desde 2001 como Empresa Promotora de Salud Indígena y destacada por su alta satisfacción en la prestación del servicio. El decreto implica trasladar competencias cruciales a secretarías de salud municipales y departamentales, lo que, según los líderes indígenas, supone un retroceso a sistemas dependientes de decisiones políticas locales, sumamente vulnerables para las comunidades rurales dispersas que atienden.
El informe de Dusakawi EPSI también resalta que la mayoría de sus afiliados viven en zonas de difícil acceso, muchas en contexto de conflicto armado, y un alto porcentaje se encuentra en riesgo de desaparición física y cultural. La entrada descontrolada de población no indígena con patologías costosas afecta además la sostenibilidad financiera de la EPS indígena y su modelo de atención especializado.
