Continúan los diálogos entre la Alcaldía y habitantes de invasiones del norte de Valledupar.
A raíz de la problemática a la que están sujetas las más de siete mil familias que hacen vida en el sector conocido como Sabana Uno, ayer en la plaza Alfonso López de Valledupar, un grupo significativo de ciudadanos se plantaron solicitando una respuesta de la Alcaldía Municipal frente a la situación en la que están inmersos los habitantes de las invasiones Bello Horizonte II, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Brisas de La Popa luego de la Resolución Nro. 002841 firmada y emitida por el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía que autoriza el desalojo de los predios el cuatro de febrero de 2020.
A pesar de que la administración del alcalde Mello Castro manifestó estar en el proceso de evaluación de la situación jurídica del predio propiedad de Alberto Pimienta Cotes, pero los terrenos han sido ocupados durante 12 años por las familias quejosas, la zozobra sigue ganando la lucha en la mente de estas comunidades al tener un futuro incierto de lo que sucederá con sus hogares.
En paralelo a la manifestación pacífica un grupo de delegados se reunió con el secretario de Gobierno, Luis Enrique Galvis, en representación del alcalde a fines de evaluar la situación.
“Nosotros estábamos esperando que se diera un dialogo para nosotros llevar un parte de tranquilidad a la comunidad y no estar en ese desasosiego en el cual estamos. Debemos buscar por las vías legales lo que sea de beneficio para nosotros y para el dueño del predio”, expresó Consuelo Blanco Cantillo, habitante de Brisas de La Popa.
Los representantes de la comunidad afectada expresaron que esperan de las autoridades una solución permanente que permita dar continuidad a sus vidas y no que en seis meses se emita un nuevo desalojo que atente contra la tranquilidad de los residentes.
El secretario de Gobierno, Luis Galvis, al término del encuentro con los designados por la comunidad dijo que la Resolución 00284, de 27 de diciembre de 2019, tomó por sorpresa a la nueva administración ya que en el proceso de empalme no se dio a conocer la problemática.
“Estamos en una mesa jurídica que continúa no solo analizando la sentencia y los actos de las administraciones anteriores, sino la resolución que tiene una fecha de desalojo para el cuatro de febrero”, añadió Galvis.
La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-946 de 2011 emitida el pasado 16 de diciembre de 2011 mediante una tutela al derecho fundamental a una vivienda digna para todas aquellas personas en situación de desplazados que se encuentren asentadas en el predio Sabana Uno, es la carta de garantía a la que estas familias víctimas del desplazamiento se aferran para optar por un suelo y una vivienda digna.
POR: JORGE LÓPEZ / EL PILÓN
[email protected]
Continúan los diálogos entre la Alcaldía y habitantes de invasiones del norte de Valledupar.
A raíz de la problemática a la que están sujetas las más de siete mil familias que hacen vida en el sector conocido como Sabana Uno, ayer en la plaza Alfonso López de Valledupar, un grupo significativo de ciudadanos se plantaron solicitando una respuesta de la Alcaldía Municipal frente a la situación en la que están inmersos los habitantes de las invasiones Bello Horizonte II, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Brisas de La Popa luego de la Resolución Nro. 002841 firmada y emitida por el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía que autoriza el desalojo de los predios el cuatro de febrero de 2020.
A pesar de que la administración del alcalde Mello Castro manifestó estar en el proceso de evaluación de la situación jurídica del predio propiedad de Alberto Pimienta Cotes, pero los terrenos han sido ocupados durante 12 años por las familias quejosas, la zozobra sigue ganando la lucha en la mente de estas comunidades al tener un futuro incierto de lo que sucederá con sus hogares.
En paralelo a la manifestación pacífica un grupo de delegados se reunió con el secretario de Gobierno, Luis Enrique Galvis, en representación del alcalde a fines de evaluar la situación.
“Nosotros estábamos esperando que se diera un dialogo para nosotros llevar un parte de tranquilidad a la comunidad y no estar en ese desasosiego en el cual estamos. Debemos buscar por las vías legales lo que sea de beneficio para nosotros y para el dueño del predio”, expresó Consuelo Blanco Cantillo, habitante de Brisas de La Popa.
Los representantes de la comunidad afectada expresaron que esperan de las autoridades una solución permanente que permita dar continuidad a sus vidas y no que en seis meses se emita un nuevo desalojo que atente contra la tranquilidad de los residentes.
El secretario de Gobierno, Luis Galvis, al término del encuentro con los designados por la comunidad dijo que la Resolución 00284, de 27 de diciembre de 2019, tomó por sorpresa a la nueva administración ya que en el proceso de empalme no se dio a conocer la problemática.
“Estamos en una mesa jurídica que continúa no solo analizando la sentencia y los actos de las administraciones anteriores, sino la resolución que tiene una fecha de desalojo para el cuatro de febrero”, añadió Galvis.
La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-946 de 2011 emitida el pasado 16 de diciembre de 2011 mediante una tutela al derecho fundamental a una vivienda digna para todas aquellas personas en situación de desplazados que se encuentren asentadas en el predio Sabana Uno, es la carta de garantía a la que estas familias víctimas del desplazamiento se aferran para optar por un suelo y una vivienda digna.
POR: JORGE LÓPEZ / EL PILÓN
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