Una ola de comentarios ha causado el polémico caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de La Paz, Cesar, luego que se conociera sobre la captura de Oswald Morales López, registrador municipal de la población; Liliana Judit Amauris Rojas, su secretaria y siete personas más. 

De acuerdo a lo revelado en medio de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos realizadas en las últimas horas en el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de garantías ambulante de Valledupar, estas personas imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y privado, tráfico de migrantes en calidad de autor, falsedad ideológica de documentos públicos y tipificación de hacer incurrir a funcionario judicial, presuntamente se encargaban de  expedir cédulas de ciudadanía falsas a  extranjeros.

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Así como también ofrecían tiquetes aéreos, actas de bautismo, registros civiles, pasaportes y cédulas, con un costo entre los 5 y 10 millones de pesos.

Debido a este hecho de corrupción, una de las preguntas que ha surgido es sobre qué pasará con las cédulas y demás documentos que fueron expedidos de forma irregular por los indiciados. 

Por ello, el diario EL PILÓN consultó al abogado Hugo Mendoza Guerra, quien detalló que, “por vía de la figura denominada restablecimiento del derecho, la Fiscalía General de la Nación, podrá solicitarle al Juez de Control de Garantías, que se adopten las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito, es decir, por las falsedades”.

Siendo así, de acuerdo al jurista, “el juez podrá suspender y cancelar los registros obtenidos fraudulentamente, pero de manera provisional porque al final de la sentencia es que se tomarán las medidas de fondo respectiva”.

No obstante, detalló “que en esta audiencia de imposición de medida de aseguramiento seguramente no se adoptarán dichas decisiones”. 

Por otro lado, el también abogado Juan Pablo Molina, manifestó que este tipo de hechos generan afectaciones futuras debido por el “peligro que corren esas personas que son ceduladas en Valledupar o en La Paz, puesto que cuando salen del país se ven expuestas a que le revoquen esos documentos”.

De la misma manera, afirmó que “hay personas que están por fuera del país en Europa, Estados Unidos y que en base a que los documentos falsos se han bajado de la plataforma actualmente se encuentran completamente indocumentados en un país extraño”. 

Es de añadir, que hoy jueves 26 de septiembre, se realizará la audiencia de medida de aseguramiento en la que el despacho judicial deberá determinar si envía o no a prisión a los indiciados.