El 18 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia contra 12 exmilitares del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, responsables de la muerte y desaparición de 135 personas en los departamentos del Cesar y La Guajira.
Esta decisión representa un hito para la justicia transicional en Colombia y un reconocimiento de la verdad que las comunidades afectadas han esperado durante años.
El Pueblo Kankuamo, oriundo de la Sierra Nevada de Santa Marta celebró la sentencia con un comunicado oficial en el que expresó que: “Desde nuestra memoria ancestral y en ejercicio de nuestras autoridades propias, celebramos con respeto y esperanza esta decisión histórica”. El valor de la sentencia es mayor para este pueblo porque la magistrada ponente es Ana Manuela Ochoa, indígena kankuama, cuyo liderazgo representa un hecho para dignificar las culturas originarias en los procesos judiciales.
“Diez de nuestros hijos fueron víctimas de estos crímenes atroces, y este fallo abre camino a la restauración del tejido social, la reparación colectiva y las garantías de no repetición que nuestros pueblos reclaman con dignidad”,declaró el Cabildo Indígena Kankuamo.
Sanciones restaurativas y monitoreo riguroso
La magistrada Ana Manuela Ochoa leyó que se impone la sanción máxima de ocho años para todos los individuos, con descuentos proporcionales por los años ya cumplidos en la justicia ordinaria. “Nueve personas estuvieron privadas de la libertad entre cinco y once años, y la fórmula que aplicamos descuenta un año por cada ocho años cumplidos”, explicó.
Leer: ¿Por qué esta mochila indígena es la clave para entender una sentencia histórica en Colombia?
Para garantizar el cumplimiento, la JEP implementa un sistema tecnológico y comunitario de monitoreo, que incluye dispositivos electrónicos, supervisión en terreno y veeduría ciudadana con participación de las víctimas y autoridades territoriales.
“La decisión fortalece la legitimidad democrática y reafirma que la paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición”, afirmó la magistrada.
El gobernador indígena del resguardo kankuamo concluyó: “La justicia con enfoque étnico es posible y la paz solo será real si se construye desde el respeto a los pueblos indígenas y la dignidad de las víctimas”. Seguiremos caminando por la defensa de nuestra vida, cultura y paz en la Sierra Nevada”.
