La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Valledupar, Mello Castro, que establezca un espacio de diálogo con las autoridades del resguardo kankuamo del corregimiento de La Mina, para que estructuren de manera conjunta un acuerdo sobre la disposición del puesto de control que está ubicado a la entrada de dicho corregimiento. 

Esta petición también fue elevada al Ministerio del Interior y a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, debido a que a la comunidad étnica se le estaría violando  sus derechos fundamentales, autonomía y potestad sobre el territorio, al haberse ordenado el desmonte del retén kankuamo llamado por ellos como ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’.

“La situación denunciada es un  hecho  lamentablemente y sistemático sobre  el  cual esta  Procuraduría delegada en calidad de su función de prevención y advertencia, encuentra completamente fundada la preocupación  de  las  autoridades  legítimas  del  pueblo  kankuamo,  respetando  su  autonomía  y  libre autodeterminación”, manifestó la Procuraduría. 

Por lo anterior, el ente puntualizó que cualquier actuación administrativa o policiva en torno a la disposición del puesto de control indígena, deberá garantizar el respeto a  los  derechos  humanos  y  al debido  proceso sobre  el  cual  se “adelantará  una vigilancia especial del mismo”.  

Así mismo, le recomendó al Ministerio del Interior y demás entidades públicas abstenerse de realizar manifestaciones discriminatorias, racistas y estigmatizaciones que afecten la dignidad y propicien la violencia en contra del resguardo kankuamo. 

Las anteriores solicitudes de la Procuraduría se deben a que el resguardo le pidió el pasado 21 de octubre a la entidad que interviniera en el proceso en torno al posible desmonte del portón indígena, a través de una solicitud de actuación especial para la protección, garantía y salvaguarda de los derechos del pueblo kankuamo.

Seguidamente, el 23 de ese mismo mes enviaron otro oficio titulado: ‘Pueblo Kankuamo rechaza postura del  Gobierno  Nacional  en  cabeza  del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena López, de  revocar  eventualmente  el  título  del  resguardo  y  calificativos  que  promueven  el  uso  de  la fuerza en contra de nuestro pueblo’.

Por último, el 2 de noviembre remitieron ante la Procuraduría el documento ‘El pueblo Kankuamo se declara en alerta máxima y acudirá a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, solicitando medidas cautelares para proteger sus derechos fundamentales al territorio y la vida’.

¿SE DARÁ EL ESPACIO DE DIÁLOGO?

De acuerdo con el resguardo kankuamo,  el alcalde de Valledupar, Mello Castro, en compañía de su equipo de gobierno, se reunirá en la Alcaldía con las autoridades indígenas del resguardo de La Mina para dialogar sobre la disposición del puesto de control étnico. 

Namieh Baute Barrios / EL PILÓN