La Procuraduría General de la Nación informó, este domingo, que abrió indagación preliminar en contra de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional Cesar (Corpocesar) “por posibles anomalías en un saldo pendiente por la sobretasa ambiental a cinco municipios del Cesar”. 

La sobretasa ambiental, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un mecanismo de compensación a la afectación y deterioro derivado de las vías del orden nacional actualmente construidas y que llegaran a construirse próximas o situadas a áreas de conservación y protección municipal. 

El Ministerio Público verifica la información de la auditoría financiera de la Contraloría General de la República a la Corporación, “en la que se asegura que, a 31 de diciembre de 2022, hay una deuda de $1.352.157.972 por concepto de la gestión de cobro para los programas de protección y restauración del medio ambiente”. 

La presunta deuda, según el ente de control,  corresponde a los municipios de Chiriguaná por $432 millones, El Copey  por $28 millones, Pelaya por $16 millones, San Alberto por $353 millones y Valledupar por $528 millones. 

Por tanto, la Procuraduría indicó que está en proceso de corroborar cuáles fueron los funcionarios que habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria.

EL PILÓN intentó establecer comunicación con el director de Corpocesar, Jorge Fernández, para conocer la versión de la entidad sobre el particular, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.