Desde finales de 2021, la Procuraduría advirtió, a poco más de un mes de su inicio, sobre los evidentes retrasos, lo que produjo una alerta de riesgo alto que tuvo en riesgo la realización de las justas.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio del Deporte, la Gobernación del Cesar y la Universidad Popular del Cesar, por presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de los escenarios deportivos en Valledupar para los XIX juegos bolivarianos 2022.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría delegada disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa recibió la información y revisará los documentos que soportaron las etapas pre, contractual y de ejecución de los diferentes recintos destinados a las competencias.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas, con el fin de recaudar elementos de juicio que permitan identificar a los presuntos autores de la conducta y establecer la existencia de los hechos posiblemente irregulares y relevantes disciplinariamente.
Desde finales de 2021, la Procuraduría advirtió, a poco más de un mes de su inicio, sobre los evidentes retrasos, lo que produjo una alerta de riesgo alto que tuvo en riesgo la realización de las justas.
Desde finales de 2021, la Procuraduría advirtió, a poco más de un mes de su inicio, sobre los evidentes retrasos, lo que produjo una alerta de riesgo alto que tuvo en riesgo la realización de las justas.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio del Deporte, la Gobernación del Cesar y la Universidad Popular del Cesar, por presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de los escenarios deportivos en Valledupar para los XIX juegos bolivarianos 2022.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría delegada disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa recibió la información y revisará los documentos que soportaron las etapas pre, contractual y de ejecución de los diferentes recintos destinados a las competencias.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas, con el fin de recaudar elementos de juicio que permitan identificar a los presuntos autores de la conducta y establecer la existencia de los hechos posiblemente irregulares y relevantes disciplinariamente.
Desde finales de 2021, la Procuraduría advirtió, a poco más de un mes de su inicio, sobre los evidentes retrasos, lo que produjo una alerta de riesgo alto que tuvo en riesgo la realización de las justas.