Cerca de 300 personas privadas de la libertad en la Cárcel Judicial podrían obtener detención domiciliaria luego que la Presidencia de la República emitiera un decreto destinado a prevenir la propagación del Covid-19 en los centros carcelarios del territorio nacional.
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Los beneficiados serán adultos de la tercera edad, madres gestantes o con hijo menor tres años, personas con movilidad reducida por discapacidad, internos privados de la libertad por delitos culposos, condenados con medidas privativas de hasta cinco años, reclusos que hayan cumplido el 40 % de la pena y los que padezcan enfermedades graves como VIH, diabetes, insuficiencia renal crónica, hepatitis, entre otras.
