El pasado sábado la Registraduría Nacional del Estado Civil envió las listas de los aspirantes a las diferentes corporaciones públicas de elección popular, a la Procuraduría General de la Nación, para que detectar posibles irregularidades que puedan establecer si los candidatos tienen antecedentes penales, disciplinarios o fiscales.
Más de cien mil inscritos, incluyendo aquellos que tienen el aval envolatado serán enviados a la Procuraduría con nombre y número de cédula para que sean revisados en una base de datos, en donde se identifican posibles inhabilidades y en caso se encontrarse alguna inconsistencia serán enviados al Consejo Nacional Electoral para que revoquen su inscripción.
Hasta el momento el panorama es de incertidumbre, pues hasta que no sea publicado el tarjetón, no se sabe a ciencia ciertas quienes son los que quedaron, sin embargo, el tiempo de modificación de listas ya pasó, pero muchos candidatos no se resignan a su suerte y han acudido a la figura de la tutela para lograr el aval.
Con la lupa de la Procuraduría, todas las listas serán revisadas
De las 199 candidaturas apoyadas por firmas de grupos significativos de ciudadanos presentados anta la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de cinco candidatos no fueron certificados por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 130 de 1994 y demás normas vigentes.
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