Las organizaciones sociales esperan que el Estado responda por la falta de protección y garantías del derecho a la vida.
Con carteles pegados a las afueras de las instalaciones de la Gobernación del Cesar piden justicia por los crímenes de los líderes sociales Teófilo Acuña y Jorge Tafur, cometidos en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar.
En la manifestación se leen varios mensajes que reflejan la problemática de algunos finqueros enfrentados con campesinos por terrenos. Esto, al parecer, en alusión a la lucha que tenían Acuña y Tafur en un pleito legal con un hacendado por un complejo cenagoso ubicado en el corregimiento de Puerto Oculto.
No obstante, las autoridades no han vinculado el proceso con los homicidios ocurridos la noche del 22 de febrero. Ese día, los líderes aparentemente se encontraban en una vivienda cuando fueron abordados por dos hombres armados que les dispararon y luego se dieron a la huida.
Las organizaciones sociales responsabilizan de los hechos al Estado por no brindarles protección a los hombres que se dedican a defender los derechos humanos.
“Se viene rompiendo la vida del río Magdalena que es una de las arterias viales de Colombia. Eso es lo que protegían Teófilo y Jorge Tafur y por eso los asesinaron”, indicó el movimiento el Congreso de los Pueblos.
Agregó que a los voceros sociales se les estigmatizó como miembros insurgentes por actividades que realizaban en el marco legal de la Constitución Política de Colombia.
“Hemos visto cómo han tratado de judicializar a nuestros compañeros y compañeras que hacen denuncias. Cuando no nos logran encarcelar nos ponen entonces en la ‘mira’ y efectivamente acaban con la vida”, dijo el movimiento.
Además, las víctimas habían denunciado amenazas en su contra en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. “El 7 de enero solicitamos protección para el compañero Teófilo Acuña y el 12 de febrero se le hace análisis de riesgo y no se le brinda ninguna protección, siendo este el resultado que hoy lamentamos”, puntualizó el movimiento.
Al respecto, el alcalde de San Martín, Leusman Guerra puntualizó que aparentemente la Policía de Aguachica le ofreció a Acuña rondas rutinarias como protección, pero este se negó.
Las organizaciones sociales esperan que el Estado responda por la falta de protección y garantías del derecho a la vida.
Con carteles pegados a las afueras de las instalaciones de la Gobernación del Cesar piden justicia por los crímenes de los líderes sociales Teófilo Acuña y Jorge Tafur, cometidos en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar.
En la manifestación se leen varios mensajes que reflejan la problemática de algunos finqueros enfrentados con campesinos por terrenos. Esto, al parecer, en alusión a la lucha que tenían Acuña y Tafur en un pleito legal con un hacendado por un complejo cenagoso ubicado en el corregimiento de Puerto Oculto.
No obstante, las autoridades no han vinculado el proceso con los homicidios ocurridos la noche del 22 de febrero. Ese día, los líderes aparentemente se encontraban en una vivienda cuando fueron abordados por dos hombres armados que les dispararon y luego se dieron a la huida.
Las organizaciones sociales responsabilizan de los hechos al Estado por no brindarles protección a los hombres que se dedican a defender los derechos humanos.
“Se viene rompiendo la vida del río Magdalena que es una de las arterias viales de Colombia. Eso es lo que protegían Teófilo y Jorge Tafur y por eso los asesinaron”, indicó el movimiento el Congreso de los Pueblos.
Agregó que a los voceros sociales se les estigmatizó como miembros insurgentes por actividades que realizaban en el marco legal de la Constitución Política de Colombia.
“Hemos visto cómo han tratado de judicializar a nuestros compañeros y compañeras que hacen denuncias. Cuando no nos logran encarcelar nos ponen entonces en la ‘mira’ y efectivamente acaban con la vida”, dijo el movimiento.
Además, las víctimas habían denunciado amenazas en su contra en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. “El 7 de enero solicitamos protección para el compañero Teófilo Acuña y el 12 de febrero se le hace análisis de riesgo y no se le brinda ninguna protección, siendo este el resultado que hoy lamentamos”, puntualizó el movimiento.
Al respecto, el alcalde de San Martín, Leusman Guerra puntualizó que aparentemente la Policía de Aguachica le ofreció a Acuña rondas rutinarias como protección, pero este se negó.