11 noviembre, 2020

Piden a la Corte Constitucional revocar sentencia que suspendió actividades mineras en La Jagua

Cabe recordar que la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la cual ordenó suspender el desarrollo de las actividades mineras en zonas de la Serranía de Perijá.

Mina La Jagua, del Grupo Prodeco.

IMAGEN DE REFERENCIA.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, remitió a la Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional un oficio de 10 páginas en el que solicita la revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Cesar, en primera instancia, y por el Consejo de Estado, en segunda, en los que ordenan suspender el proyecto denominado ‘Botadero El Palomo’, decisión que llevó a la suspensión de las operaciones de La Mina La Jagua, la cual es explotada por las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.

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La operación carbonífera de la ‘Mina La Jagua’ encadena y jalona una serie de actividades económicas que redundan en beneficio de la población del municipio. Esto es, no solo la generación de empleos directos, sino porque la explotación minera conlleva la contratación de red de proveedores de la región”, justifica la petición.

Cabe recordar que la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de 10 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la cual, en un fallo de primera instancia, ordenó suspender el desarrollo de las actividades mineras en zonas de la Serranía de Perijá, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, debido a que estas podrían traslapar con “territorio ancestral de la comunidad yukpa”, suspensión que iría hasta cuando se delimite el territorio de la comunidad indígena.

Como consecuencia de tales decisiones de tutela el municipio de La Jagua de Ibirico ha dejado y dejará de percibir sumas significativas por concepto de regalías transferidas por la Nación derivadas del proyecto carbonífero Mina La Jagua”, agrega el documento.

: Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Además, el alcalde cuestiona que en los fallos se indique que la comunidad yukpa se ve afectada por un proyecto que tiene jurisdicción en La Jagua de Ibirico, “cuando dicha comunidad no tiene ningún asentamiento ni resguardo localizado en dicho municipio”.

Y es que en su momento la sentencia señaló que el pueblo yukpa habita la parte nororiente de la Serranía del Perijá en los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní, población que se divide en seis resguardos: Sokorpa, Iroka, Menkwe, La Laguna, el Koso y Caño Padilla.

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ANTECEDENTES

Años atrás, las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro solicitaron sustraer un territorio de la zona de reserva forestal de la serranía de Los Motilones para la implementación de un botadero llamado El Palomo, en el cual se pretende manejar y hacer la disposición del residuo estéril producto de la explotación minera, actividad que se lleva a cabo en la operación para extraer el mineral.

El proceso legal que terminó en el Consejo de Estado nació cuando las máximas autoridades de la comunidad yukpa asentada en la Serranía del Perijá presentaron una acción de tutela con el fin de que se “amparara sus derechos fundamentales a la consulta previa”, que consideraron vulnerados por motivo de la actividad minera.

Por Deivis Caro/ EL PILÓN.