¿Se puede afirmar que sigue existiendo un conflicto armado con características políticas o definitivamente son estructuras criminales de gran escala? Es uno de los cuestionamientos que plantea el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición insiste en que la persistencia y focalización de la violencia y el conflicto armado en determinadas regiones “es un problema que no se agota con la salida militar o con los procesos de negociación y diálogo”.
En el Informe Final sobre la guerra interna en Colombia, este órgano de paz señala que dichos procesos han sido entendidos “solamente como la desmovilización de las estructuras armadas cuando el problema es estructural”.
Uno de los motivos por lo que el conflicto estaría persistiendo en ciertos territorios a nivel nacional aún después de firmado el Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla FARC-EP “es por la falta de presencia de un Estado que ocupase los lugares dejados por este grupo”.
A escasa voluntad mostrada por el Gobierno colombiano, según la Comisión, las zonas más golpeadas por el fenómeno de la guerra han sido ocupadas por otros grupos armados y delincuenciales.
Pero también por disidencias de las FARC, y entre todos se disputan el control de los territorios y la población civil, “a pesar de lo pactado en La Habana”, se lee en el capítulo ‘Insurgencias’.
“Esto es un indicador de abandono estatal y de la imposibilidad de recuperar las zonas que estuvieron bajo el dominio fariano, lo que a su vez expresa las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz”, expresa la Comisión.
Otro elemento que menciona es la “falta de inversión” en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, siendo el Cesar uno de ellos por estar entre los más afectados por la violencia.
Cabe mencionar que son ocho los municipios cesarenses dentro de este programa: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar.
Después de casi seis años de acuerdos para buscar la paz, parte de la ciudadanía sigue siendo afectada por el incumplimiento de una parte de la citada guerrilla y el fortalecimiento de otras expresiones delincuenciales.
En septiembre de 2021, EL PILÓN reportó que el Ejército Nacional y la Presidencia de la República confirmaron que disidencias de las Farc, de la Compañía ‘Adán Izquierdo’, fueron los responsables de acabar con la vida del subteniente Cristián Sebastián Calderón Jaimes.
Calderón Jaimes estaba adscrito al Batallón de Ingenieros N.° 3 de Agustín Codazzi y además se desempeñaba como ingeniero civil en la unidad.
Lea también: Confirman que disidencias de las Farc mataron a oficial: lo trasladarán a Manaure
Durante las elecciones, tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía General de la Nación advirtieron la amenaza que los subversivos representaban para la democracia.
Antes de los comicios, la Fiscalía dijo a EL PILÓN que el frente 41 de las Farc se mueve por la serranía de Perijá, del lado venezolano, muy cerca de los municipios de Manaure, La Paz, Codazzi y Becerril.
También señaló al Ejército Nacional de Liberación, ELN, en el sur del departamento, y al Clan del Golfo en los municipios del norte.
Sobre las disidencias, el docente y columnista de opinión Carlos Añez ha expresado en este diario que son fenómenos “naturales” en este tipo de procesos, pero señala “el gran éxito” del Acuerdo ha sido que algunas vidas cambien “creyendo en la paz”.
Lea: Municipios del Cesar en los que hacen presencia grupos armados
¿Se puede afirmar que sigue existiendo un conflicto armado con características políticas o definitivamente son estructuras criminales de gran escala? Es uno de los cuestionamientos que plantea el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición insiste en que la persistencia y focalización de la violencia y el conflicto armado en determinadas regiones “es un problema que no se agota con la salida militar o con los procesos de negociación y diálogo”.
En el Informe Final sobre la guerra interna en Colombia, este órgano de paz señala que dichos procesos han sido entendidos “solamente como la desmovilización de las estructuras armadas cuando el problema es estructural”.
Uno de los motivos por lo que el conflicto estaría persistiendo en ciertos territorios a nivel nacional aún después de firmado el Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla FARC-EP “es por la falta de presencia de un Estado que ocupase los lugares dejados por este grupo”.
A escasa voluntad mostrada por el Gobierno colombiano, según la Comisión, las zonas más golpeadas por el fenómeno de la guerra han sido ocupadas por otros grupos armados y delincuenciales.
Pero también por disidencias de las FARC, y entre todos se disputan el control de los territorios y la población civil, “a pesar de lo pactado en La Habana”, se lee en el capítulo ‘Insurgencias’.
“Esto es un indicador de abandono estatal y de la imposibilidad de recuperar las zonas que estuvieron bajo el dominio fariano, lo que a su vez expresa las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz”, expresa la Comisión.
Otro elemento que menciona es la “falta de inversión” en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, siendo el Cesar uno de ellos por estar entre los más afectados por la violencia.
Cabe mencionar que son ocho los municipios cesarenses dentro de este programa: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar.
Después de casi seis años de acuerdos para buscar la paz, parte de la ciudadanía sigue siendo afectada por el incumplimiento de una parte de la citada guerrilla y el fortalecimiento de otras expresiones delincuenciales.
En septiembre de 2021, EL PILÓN reportó que el Ejército Nacional y la Presidencia de la República confirmaron que disidencias de las Farc, de la Compañía ‘Adán Izquierdo’, fueron los responsables de acabar con la vida del subteniente Cristián Sebastián Calderón Jaimes.
Calderón Jaimes estaba adscrito al Batallón de Ingenieros N.° 3 de Agustín Codazzi y además se desempeñaba como ingeniero civil en la unidad.
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Durante las elecciones, tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía General de la Nación advirtieron la amenaza que los subversivos representaban para la democracia.
Antes de los comicios, la Fiscalía dijo a EL PILÓN que el frente 41 de las Farc se mueve por la serranía de Perijá, del lado venezolano, muy cerca de los municipios de Manaure, La Paz, Codazzi y Becerril.
También señaló al Ejército Nacional de Liberación, ELN, en el sur del departamento, y al Clan del Golfo en los municipios del norte.
Sobre las disidencias, el docente y columnista de opinión Carlos Añez ha expresado en este diario que son fenómenos “naturales” en este tipo de procesos, pero señala “el gran éxito” del Acuerdo ha sido que algunas vidas cambien “creyendo en la paz”.
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