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Judicial - 17 junio, 2021

Pedirán otra vez preclusión para exalcalde Fredy Socarrás por caso de lotes de Mercabastos

De prosperar la petición junto a él también se vería beneficiada la comerciante María Irene López Reyes.

Fredy Socarrás fue alcalde en el periodo 2012-2015.
Fredy Socarrás fue alcalde en el periodo 2012-2015.

El próximo 3 de agosto la Fiscalía presentará nuevamente la solicitud de preclusión a favor del exalcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, en la investigación por la permuta de los lotes de Mercabastos por una particular durante su administración pública en Valledupar.

La  fecha quedó determinada la mañana del miércoles luego que la diligencia para los mismos fines programada ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento no se pudiera realizar por un imprevisto del ente investigador.

Esta sería la segunda vez que la Fiscalía 5 seccional intentará cesar la facultad procesal en contra del exmandatario en el pleito en el que inicialmente la Fiscalía 12 seccional le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado, interés ilícito en celebración de contrato y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Lea también: Culminó juicio por triple crimen en Codazzi: Fiscalía pidió que fueran condenados

En el mes de junio de 2019 la misma solicitud fue presentada ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Valledupar. Los argumentos de la Fiscalía se basaron en que el municipio no presentó un detrimento patrimonial, sino más bien una ganancia por el cambio que realizó Socarrás de los dos lotes de Mercabastos por el particular ubicado a las afueras de la ciudad. 

Lo anterior teniendo en cuenta un informe de un perito entregado en el año 2018 que estableció que los lotes del municipio estaban avaluados en $4.607.632.208 y $6.920.580.908 respectivamente, mientras que el del particular estaba valorado en $15.169.500.000, es decir un precio superior al que daba en total los dos primeros. 

No obstante, el juez quinto de conocimiento consideró que el ente nunca precisó por qué se confiaba plenamente en la opinión pericial de sus dos investigadores y desechaba por completo la postura de los otros peritos de las entidades públicas que pusieron en conocimiento el caso, por consiguiente la preclusión el 11 de julio del mismo año fue rechazada.    

La determinación también fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad en el mes de octubre de 2019.  

Ahora, de prosperar la nueva petición junto a Fredys Socarrás también se vería beneficiada María Irene López Reyes, la comerciante que era dueña del lote particular con la que el mandatario está siendo procesado. 

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LA INVESTIGACIÓN

Según lo develado inicialmente por la Fiscalía 12 seccional, Socarrás negoció mediante permuta dos lotes del municipio por un precio, según la Contraloría Municipal, muy inferior a su valor real, con uno particular. 

La Fiscalía llegó a considerar que presuntamente realizaron el cambio con el fin de facilitar al particular obtener una ventaja frente al inmueble público, por más de un valor de $3.000 millones.

Judicial
17 junio, 2021

Pedirán otra vez preclusión para exalcalde Fredy Socarrás por caso de lotes de Mercabastos

De prosperar la petición junto a él también se vería beneficiada la comerciante María Irene López Reyes.


Fredy Socarrás fue alcalde en el periodo 2012-2015.
Fredy Socarrás fue alcalde en el periodo 2012-2015.

El próximo 3 de agosto la Fiscalía presentará nuevamente la solicitud de preclusión a favor del exalcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, en la investigación por la permuta de los lotes de Mercabastos por una particular durante su administración pública en Valledupar.

La  fecha quedó determinada la mañana del miércoles luego que la diligencia para los mismos fines programada ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento no se pudiera realizar por un imprevisto del ente investigador.

Esta sería la segunda vez que la Fiscalía 5 seccional intentará cesar la facultad procesal en contra del exmandatario en el pleito en el que inicialmente la Fiscalía 12 seccional le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado, interés ilícito en celebración de contrato y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. 

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En el mes de junio de 2019 la misma solicitud fue presentada ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Valledupar. Los argumentos de la Fiscalía se basaron en que el municipio no presentó un detrimento patrimonial, sino más bien una ganancia por el cambio que realizó Socarrás de los dos lotes de Mercabastos por el particular ubicado a las afueras de la ciudad. 

Lo anterior teniendo en cuenta un informe de un perito entregado en el año 2018 que estableció que los lotes del municipio estaban avaluados en $4.607.632.208 y $6.920.580.908 respectivamente, mientras que el del particular estaba valorado en $15.169.500.000, es decir un precio superior al que daba en total los dos primeros. 

No obstante, el juez quinto de conocimiento consideró que el ente nunca precisó por qué se confiaba plenamente en la opinión pericial de sus dos investigadores y desechaba por completo la postura de los otros peritos de las entidades públicas que pusieron en conocimiento el caso, por consiguiente la preclusión el 11 de julio del mismo año fue rechazada.    

La determinación también fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad en el mes de octubre de 2019.  

Ahora, de prosperar la nueva petición junto a Fredys Socarrás también se vería beneficiada María Irene López Reyes, la comerciante que era dueña del lote particular con la que el mandatario está siendo procesado. 

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LA INVESTIGACIÓN

Según lo develado inicialmente por la Fiscalía 12 seccional, Socarrás negoció mediante permuta dos lotes del municipio por un precio, según la Contraloría Municipal, muy inferior a su valor real, con uno particular. 

La Fiscalía llegó a considerar que presuntamente realizaron el cambio con el fin de facilitar al particular obtener una ventaja frente al inmueble público, por más de un valor de $3.000 millones.