Las Cámaras de Comercio son entidades de orden privado y gremial que cumplen funciones públicas gracias a la figura constitucional de “Descentralización por colaboración”. Su principal función es administrar registros públicos, especialmente el registro mercantil, y de servir de aliadas y de organismo consultivo del Estado en la organización de la economía. Además, promueven el desarrollo regional y empresarial. Asimismo, se dedican a promover el desarrollo regional y empresarial. También se les han delegado responsabilidades como la realización de veedurías sobre temas de interés general dentro de su jurisdicción.
Las veedurías son un mecanismo esencial para la participación ciudadana en la supervisión de la gestión pública, consagradas en la Constitución Política y la Ley 134 de 1994. Agruparse para vigilar la gestión pública es tanto un derecho como un deber de las organizaciones civiles, regulado por la Ley 850 de 2003. Este sistema permite a los ciudadanos ejercer control sobre el Estado, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, y contribuye a una mejor administración de los recursos públicos y al bienestar colectivo. Así, las Cámaras de Comercio pueden influir en el desarrollo de sus territorios al supervisar obras y proyectos de interés común.
La Cámara de Comercio de Valledupar se destaca por haber asumido este rol, conformando varias veedurías. La más significativa es la relacionada con el contrato de concesión vial de la Ruta del Sol, Sector 3, que, junto con la Contraloría General de la República, ayudó a impulsar el proyecto tras los problemas con Conalvías. A pesar de ser una obra clave para el desarrollo y la competitividad, la Ruta del Sol no se socializó adecuadamente con las comunidades, ni ha sido incorporada por los líderes locales en los planes de desarrollo regional.
