La Sentencia C-264 de 2026 de la Corte Constitucional abre un nuevo camino para el futuro pensional de los colombianos. Al dar luz verde a gran parte de la Ley 2381 de 2024 y fijar el 1.º de abril de 2027 para su implementación, el alto tribunal invita a los constructores de la política pública de seguridad social a asumir una doble responsabilidad: asegurar la confianza jurídica en el proceso y, al mismo tiempo, construir un sistema más robusto y justo que responda a las necesidades demográficas del país. Todo esto ocurre mientras el Congreso corrige los trámites pendientes.
En mis columnas La pulpa y el hueso del sistema pensional y El imperativo demográfico en la reforma pensional, abordé dos realidades relacionadas que nos tocan a todos. La primera, la provocada competencia desequilibrada entre los fondos privados y el sistema público: coloquialmente, los primeros se quedaron con «la pulpa» del negocio al acumular el ahorro de los trabajadores activos, mientras Colpensiones asumió desde 2012, como administrador del RPM, «el hueso», cargando con las pensiones vigentes y los costos de la transición. La segunda, el enorme desafío que representan la caída de la natalidad y nuestra nueva longevidad para lograr financiar una vejez digna.
El análisis de ambos fenómenos permite inferir que reorganizar los aportes no es suficiente para asegurar un sistema pensional sostenible. La transición demográfica está cambiando radicalmente la relación entre los trabajadores activos en un entorno marcado por la incertidumbre, donde el desempleo, la informalidad laboral y la dificultad para cotizar con continuidad impiden que la mayoría de los ciudadanos alcancen una vejez protegida. El desafío consiste en corregir los desequilibrios del pasado sin trasladar cargas económicas injustas a las próximas generaciones.
