La presunción de inocencia no es un privilegio del poderoso, sino una garantía de todos. El caso que los medios han bautizado como “sexo por contratos”, relacionado con el expresidente Gustavo Petro, plantea una discusión que trasciende nombres, ideologías y simpatías políticas: ¿quién determina el valor de una prueba y en qué escenario debe discutirse la responsabilidad de una persona?
La indagación preliminar adelantada bajo la Ley 600 de 2000 tiene una particularidad jurídica relevante. Al examinarse presuntos comportamientos asociados a su condición de entonces senador, la competencia corresponde, en principio, a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las reglas constitucionales del fuero.
En este procedimiento, a diferencia del modelo acusatorio de la Ley 906 de 2004, la autoridad judicial puede practicar pruebas desde la investigación previa o preprocesal. Allí opera el principio de permanencia de la prueba: los elementos legalmente incorporados conservan vocación probatoria, sin perjuicio de su contradicción, valoración y eventual exclusión.
