Desde la Ley 100 de 1993, Colombia lleva más de tres décadas reformando su sistema pensional sin resolver completamente tres problemas que se repiten: baja cobertura, inequidades y sostenibilidad. La Ley estableció la coexistencia entre el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). El primero mantuvo la lógica de prestación definida y solidaridad intergeneracional; el segundo introdujo cuentas individuales administradas por fondos privados.
El sistema dual fue concebido con signos de desequilibrio: mientras las administradoras privadas empezaron a recibir nuevos afiliados, aportes y ahorro pensional, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) entre 1993 y 2012, vivió un periodo de profunda crisis financiera, fragmentación institucional y desmonte progresivo. En sustitución del Instituto de Seguros Sociales, Colpensiones comenzó operaciones el 28 de septiembre de 2012. Como administrador del RPM, recibió a sus afiliados y pensionados.
Según informes de la Superintendencia Financiera recogidos por estudios del Banco de la República, para 2012 había aproximadamente 1.039.307 pensionados en el Régimen de Prima Media, frente a 59.764 en el régimen administrado por las AFP. Coloquialmente se puede decir que, mientras los fondos privados se lucran de la pulpa del negocio los aportes y el ahorro de trabajadores activos, el sistema público se quedó con el hueso: los pensionados, las obligaciones adquiridas y los costos de transición.
