En 1998, las electrificadoras públicas del Caribe colombiano se reorganizaron en dos compañías de distribución de energía: Electricaribe y Electrocosta. Este proceso coincidió con la crisis generada por el fenómeno de El Niño de 1997-1998, factor que aceleró la reestructuración y privatización del sector eléctrico colombiano. En 2000, la española Unión Fenosa asumió el control de ambas distribuidoras al adquirir la participación de la norteamericana Houston Industries, posteriormente Reliant Energy. En diciembre de 2007 las operaciones se fusionaron bajo el nombre de Electricaribe. Dos años después, Gas Natural absorbió a Unión Fenosa, dando origen a Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy. Al cerrar el acuerdo, pocos imaginaban la pesadilla financiera y operativa que terminaría representando la prestación del servicio de energía en el Caribe colombiano.
El 1 de octubre de 2020 comenzaron a operar Afinia y Air-e. Su llegada despertó expectativas por las inversiones, subsidios y ajustes regulatorios anunciados, pero las inconformidades no tardaron en reaparecer. Siguieron cumbres, audiencias y campañas lideradas por gobernadores y alcaldes para reclamar tarifas más justas.
El miércoles pasado, en la Universidad del Área Andina de Valledupar, asistimos a un nuevo capítulo de esa historia. La Comisión Quinta del Senado escuchó las inquietudes ciudadanas, esta vez alrededor de Energua, su capacidad financiera y el futuro del servicio. La pregunta es inevitable: ¿cuántas audiencias más necesitamos para empezar a resolver lo que llevamos décadas denunciando o es el momento de replantear la estrategia?
