De acuerdo con José Gil Maestre, gerente de Cootranscolcer, el detonante de su crisis fue la declinación del decreto del Día sin Moto y los pocos controles en la restricción de motocicletas en el centro.
Siete meses lleva cerrada la empresa de transporte público colectivo de Valledupar Cootranscolcer; su gerente aduce que lo quebró la ilegalidad y la falta de medidas de respaldo por parte de la administración municipal. Por su parte, la Secretaría de Tránsito de la capital del Cesar asegura que esto obedece a los efectos del coronavirus yla falta de recursos de la empresa para reemplazar los vehículos obsoletos por unos de tipología moderna.
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“Cuando comenzó la pandemia decretaron cuarentena y no había personas que se subieran a las busetas, ahora después de la medida son pocas las personas que utilizan los buses, puesto que prefieren las motos. Esto nos obligó a cerrar, a dejar nuestros buses en los patios y a pensar en malvender los vehículos”, aseguró José Gil Maestre, gerente de Cootranscolcer.
De acuerdo con el transportador, el detonante de su crisis fue la declinación del decreto del Día sin Moto y los pocos controles en la restricción de motocicletas en el centro. “Este gobierno no nos respalda. El alcalde Mello Castro no ha querido hablar con nosotros porque como él apoya a los mototaxistas tras su promesa de campaña cuando dijo que votaría las llaves de las camabajas”, aseguró.
Esta empresa, que tenía más de 40 años de existencia, contaba con 120 empleados, a quienes les suspendieron sus contratos por falta de pago; tiene 70 busetas en los patios de su entidad; unos vehículos los compraron en 145 millones de pesos y otros en 80 millones de pesos y ahora les tocará vender a menos de la mitad.
“Pensar en retomar las actividades es complicado porque muchos carros se les dañaron las baterías o las llantas; además, los seguros se vencieron. Necesitaríamos un gobierno que nos apoye con inyección de capital”, indicó Gil Maestre.
Al respecto, el secretario de Tránsito, Roberto Daza Guerrero, expresó de manera enfática: “La visión de Gil Maestre es muy corta del problema que en realidad tiene el servicio público en la ciudad y además es mezquina. Decir esto no permite observar los defectos que arrastra el sistema de transporte público colectivo desde hace años. Hace 25 años atrás teníamos este sistema fuerte, pero con la liquidación de empresas como Corelca, Cicolac y Electrocesar cambiaron los buses grandes por unidades más pequeñas para duplicar su dinero en despacho y en cuotas de administración, no teniendo en cuenta que el inversor necesitaba una mayor participación en la torta del transporte”.
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Por otro lado dio a conocer que ayer se venció el plazo que le dieron a la empresa de transporte nuevo que reemplazará a Cootranscolcer, “que hace 10 días emitió un acto administrativo entregando la operación, ya que ellos la cedieron a título oneroso a Buses del Valle. También se determinaron 10 rutas nuevas que serán las que operará el Sistema Estratégico de Transporte Público con el fin de que la ciudadanía se vaya adecuando a la operación que tendrá este sistema”.
Desde la Secretaría de Tránsito la labor es de planificación en temas de control. “Recordemos que el transporte es un negocio de iniciativa privada, ejecutada por particulares que deben estar atentos a la rentabilidad. El rol de lo público es de planificación y control; no tenemos mayores prerrogativas legales”, acotó.
Otras de las acciones de la sectorial de tránsito ha sido la generación de análisis de las nuevas realidades que se viven en la ciudad a causa de la pandemia.
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La dinámica de circulación se ha visto modificada así: antes el 40 % de la circulación era la generada por el transporte educativo (universidades y colegios), el 25 % de los desplazamientos se hacía para ir al trabajo o a la casa, un 8 % para ir de compras y un 27 % para efectos de diversión y distracciones. En la actualidad el 60 % de movilizaciones es para hacer compras, el 30 % por trabajo y el 10 % para otras diligencias.
“Hay que entender este panorama para saber de qué manera el transporte público colectivo debe responder”, subrayó Daza Guerrero.
POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
[email protected]
De acuerdo con José Gil Maestre, gerente de Cootranscolcer, el detonante de su crisis fue la declinación del decreto del Día sin Moto y los pocos controles en la restricción de motocicletas en el centro.
Siete meses lleva cerrada la empresa de transporte público colectivo de Valledupar Cootranscolcer; su gerente aduce que lo quebró la ilegalidad y la falta de medidas de respaldo por parte de la administración municipal. Por su parte, la Secretaría de Tránsito de la capital del Cesar asegura que esto obedece a los efectos del coronavirus yla falta de recursos de la empresa para reemplazar los vehículos obsoletos por unos de tipología moderna.
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“Cuando comenzó la pandemia decretaron cuarentena y no había personas que se subieran a las busetas, ahora después de la medida son pocas las personas que utilizan los buses, puesto que prefieren las motos. Esto nos obligó a cerrar, a dejar nuestros buses en los patios y a pensar en malvender los vehículos”, aseguró José Gil Maestre, gerente de Cootranscolcer.
De acuerdo con el transportador, el detonante de su crisis fue la declinación del decreto del Día sin Moto y los pocos controles en la restricción de motocicletas en el centro. “Este gobierno no nos respalda. El alcalde Mello Castro no ha querido hablar con nosotros porque como él apoya a los mototaxistas tras su promesa de campaña cuando dijo que votaría las llaves de las camabajas”, aseguró.
Esta empresa, que tenía más de 40 años de existencia, contaba con 120 empleados, a quienes les suspendieron sus contratos por falta de pago; tiene 70 busetas en los patios de su entidad; unos vehículos los compraron en 145 millones de pesos y otros en 80 millones de pesos y ahora les tocará vender a menos de la mitad.
“Pensar en retomar las actividades es complicado porque muchos carros se les dañaron las baterías o las llantas; además, los seguros se vencieron. Necesitaríamos un gobierno que nos apoye con inyección de capital”, indicó Gil Maestre.
Al respecto, el secretario de Tránsito, Roberto Daza Guerrero, expresó de manera enfática: “La visión de Gil Maestre es muy corta del problema que en realidad tiene el servicio público en la ciudad y además es mezquina. Decir esto no permite observar los defectos que arrastra el sistema de transporte público colectivo desde hace años. Hace 25 años atrás teníamos este sistema fuerte, pero con la liquidación de empresas como Corelca, Cicolac y Electrocesar cambiaron los buses grandes por unidades más pequeñas para duplicar su dinero en despacho y en cuotas de administración, no teniendo en cuenta que el inversor necesitaba una mayor participación en la torta del transporte”.
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Por otro lado dio a conocer que ayer se venció el plazo que le dieron a la empresa de transporte nuevo que reemplazará a Cootranscolcer, “que hace 10 días emitió un acto administrativo entregando la operación, ya que ellos la cedieron a título oneroso a Buses del Valle. También se determinaron 10 rutas nuevas que serán las que operará el Sistema Estratégico de Transporte Público con el fin de que la ciudadanía se vaya adecuando a la operación que tendrá este sistema”.
Desde la Secretaría de Tránsito la labor es de planificación en temas de control. “Recordemos que el transporte es un negocio de iniciativa privada, ejecutada por particulares que deben estar atentos a la rentabilidad. El rol de lo público es de planificación y control; no tenemos mayores prerrogativas legales”, acotó.
Otras de las acciones de la sectorial de tránsito ha sido la generación de análisis de las nuevas realidades que se viven en la ciudad a causa de la pandemia.
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La dinámica de circulación se ha visto modificada así: antes el 40 % de la circulación era la generada por el transporte educativo (universidades y colegios), el 25 % de los desplazamientos se hacía para ir al trabajo o a la casa, un 8 % para ir de compras y un 27 % para efectos de diversión y distracciones. En la actualidad el 60 % de movilizaciones es para hacer compras, el 30 % por trabajo y el 10 % para otras diligencias.
“Hay que entender este panorama para saber de qué manera el transporte público colectivo debe responder”, subrayó Daza Guerrero.
POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
[email protected]