Luego de una reunión con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, la comunidad yukpa emitió un comunicado compartiendo su posición sobre el decreto 0488 del 2025, el cual ha generado polémica.
El mensaje central es una petición de paz de la comunidad yukpa: “No estamos en guerra con nadie”. Esto hace referencia a un informe publicado por EL PILÓN sobre las preocupaciones de algunos alcaldes del departamento del Cesar por el poder que el decreto daría a las comunidades indígenas.
Los yukpas cuestionaron que el Ministerio del Interior no los consultó para expedir dicho decreto. “Hasta ahora no hemos sido consultados ni vinculados formalmente en ninguna discusión del Decreto 0488 de 2025, ni hemos firmado su adhesión al sistema ETIS. Al respecto, el pueblo indígena yukpa mediante derecho de petición, exigirá al Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que dé las explicaciones públicas y contundentes en donde acrediten que dicho acto administrativo no fue concertado con nuestro pueblo y que el mismo decreto por ser general no tiene en cuenta las particularidades en cada territorio y que lo único que han hecho es generar una acción con daño a nuestro pueblo”, dice el comunicado.
Luego, adujeron que es falso que el pueblo indígena yukpa pretenda que se les hagan consultas previas “a ganaderos, arroceros, la pequeña minería como canteras y demás; esto es una narrativa de algunos alcaldes y las empresas mineras involucradas en la Sentencia T-375 de 2023 proferida por la Corte Constitucional”, dijeron.
¿Y las hectáreas para el resguardo?
Una de las preocupaciones entre autoridades regionales es la solicitud de delimitar más de 600.000 hectáreas como territorio ancestral. Los yukpas señalaron que esta petición se acoge a la Sentencia de la Corte Constitucional.
“Es falso y hace parte de una retórica de algunos sectores de la minería a gran escala asentados en el corredor minero del Serranía del Perijá, en cuanto a que el Pueblo Yukpa quiere que se les delimite el territorio ancestral de 600.000 hectáreas para quedarse con todas esas tierras”, señalan.
La extensión reivindicada por los yukpas dentro de la sentencia emitida por la Corte Constitucional abarca cerca de 759.946 hectáreas, en predios de al menos once municipios del Cesar, como Curumaní, Chiriguaná, Becerril, Codazzi, La Jagua de Ibirico, La Paz, entre otros.
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¿Qué dice el Decreto 0488?
El pasado 5 de mayo, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0488 de 2025, por medio del cual estableció el marco normativo de los ‘Territorios Indígenas’ como entidades político-administrativas especiales, reconociendo su autonomía y competencias en sectores clave como salud, educación, ordenamiento territorial y saneamiento básico.
Además, este decreto promovió la figura de la objeción cultural, que les permite a las comunidades rechazar proyectos que ellos consideran atentan contra su identidad o cosmovisión. Este decreto generó preocupaciones en diversos sectores por la falta de claridad de lo que serían los territorios indígenas.
Y el caso del departamento del Cesar es particular. En el 2017, la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras delimitar el territorio ancestral de la comunidad yukpa en el departamento del Cesar. Han pasado más de 8 años, y la entidad no ha cumplido la sentencia.
Sin embargo, la comunidad yukpa sí presentó una propuesta de delimitación de su territorio ancestral, la cual ha generado polémica porque incluye más de 759.946 hectáreas que abarcan siete municipios del Cesar.
